Las Américas:  paradojas, impunidad, inificiencia institucional, espejismos y paz sostenible

 Venezuela

Las paradojas de la realidad oficial y la otra

Si nos atenemos a los datos oficiales ofrecidos por la Fiscalía General de la República en el informe presentado el pasado martes por su titular, Luisa Ortega Díaz, ante la Asamblea Nacional, el año pasado solo se registraron en Venezuela 17.778 homicidios. Según los ofrecidos por el sociólogo Roberto Briceño, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), con acreditada solvencia en décadas de seguimiento del fenómeno de la inseguridad y la violencia en el país, en una larga entrevista con La Voz de Galicia en Caracas, hace poco más de un mes, los homicidios que se cometieron en Venezuela a lo largo del año 2015 fueron 27.875. Lo que supone 90 por cada 100.000 habitantes, es decir,10.097 más de los que reconoce la Fiscalía.

El origen de esa diferencia radica, en buena medida, en que los datos del OVV incluyen no solo los asesinatos de delincuentes por delincuentes, sino también aquellos que mueren en enfrentamientos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen como norma disparar a matar. Las estadísticas oficiales clasifican estas como «resistencia a la autoridad». Tampoco computan los casos cuya autoría no está clara y la Fiscalía los registra como simples «averiguaciones de muertes».

Incluso con las cifras oficiales, Venezuela sigue siendo el segundo país más violento del mundo, según los datos recopilados por el Instituto Igarapé de Brasil que presenta información de 219 países entre 2000 y 2012 y ubica a Honduras por encima de Venezuela con 85,52 homicidios por cada 100.000 habitantes. En los puestos siguientes están Islas Vírgenes (52,60), Belice (44,74) y Jamaica (40,59).

En el informe del Ministerio Publico se reseña que 53.986 personas fueron acusadas en 2015 por delitos comunes, lo que no se especifica es cuántas de ellas pasaron a una sentencia con privativa de libertad. En esta categoría se incluyen los delitos de homicidio, robo, hurto, estafa, lesiones personales, ocupaciones ilegales de inmuebles, entre otros. «La impunidad en cuanto al homicidio es de 94 % y se asemeja a un embudo: por cada 100 personas detenidas por asesinar a otra, solo cuatro salen del sistema de justicia con una condena», según Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa.

También hay que importar los bolívares

No menos llamativo a la hora de contrastar la realidad oficial y la otra, es la equivalencia bolívar-dólar y/o euro. Mientras Maduro y los suyos hacen oídos sordos a todas las voces que reclaman una revisión profunda del control de cambios de divisas, esta semana, concretamente el pasado miércoles, la cotización del dólar paralelo superaba los 1.000 bolívares y la del euro los 1.110. El tipo de los tres cambios oficiales se mantiene en los 6,30 bolívares por dolar para la importación de alimentos y medicinas; a 262 el llamado implícito y a 199,85 el llamado dólar simadi, que rige para los demas gastos oficialmente aprobados. Hace un año el precio del dólar americano era de 173,24 bolívares, lo que supone una devaluación del 304 % de la moneda oficial venezolana.

Como las máquinas de hacer billetes en el país tampoco dan abasto, también tienen que importarlos. En los últimos meses el gobierno venezolano importó de diversos países unos 5.000 millones de billetes de 100 bolívares, los de de mayor valor en el país. Estas importaciones, según The Wall Street Journal, fueron autorizadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en el segundo semestre de 2015 para apuntalar la oferta de una moneda que vale cada día menos. Según la misma fuente, en diciembre, el Banco Central de Venezuela inició negociaciones secretas para encargar otros 10.000 millones de billetes, lo cual duplicaría la cantidad de efectivo en circulación. El número es muy superior a los 8.000 millones de billetes que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo imprimen respectivamente cada año, con la diferencia de que dólares y euros se utilizan en todo el mundo.

Petróleo del Imperio

Igualmente paradójico resulta que el país que alberga en sus entrañas las terceras mayores reservas mundiales del petróleo tenga que importar el dichoso oro negro, nada menos que de los Estados Unidos, país al que los herederos del desaparecido comandante Chávez acusan incesantemente de ser el principal instigador de la Guerra Económica contra Venezuela. Que PDVSA, la petrolera estatal venezolana, importe crudo ligero para mezclar con el pesado que extrae en la Franja del Orinoco, no es nuevo. Sí lo es que recurra a un país que ha sido su principal mercado desde hace un siglo y que en los últimos años, no solo avanzó hacia la autonomía energética, sino que se está convirtiendo en potencia exportadora.

México

El paraíso de la impunidad y de la ineficiencia institucional

Que la delincuencia organizada campe por sus respetos en un país como México no es casualidad. El Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) presentado el pasado miércoles por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), constata que el nivel medio de impunidad en el conjunto del país es de 67.42 %.

Por su parte, el Servicio Nacional de Seguridad Pública acaba de dar a conocer los datos oficiales de criminalidad correspondientes al año 2015, según los cuales se registraron en el país 18.650 homicidios culposos -364 más que el año anterior-, lo que supone una tasa de 16 por cada 100.000 habitantes; 1.300 secuestros y 5.262 extorsiones

Según el IGM-MEX al sumar los delitos consumados y los no denunciados por los ciudadanos resulta un porcentaje de delitos sin castigo del 99 %. «De los datos disponibles por delitos denunciados, la cadena de impunidad, la que va desde la averiguación previa hasta la sentencia, muestran ineficacia e ineficiencia institucional, pues los casos se van quedando rezagados y sólo una parte mínima concluye el proceso de procuración e impartición de justicia», apuntan los autores de este estudio.

Los indicadores que tomaron en cuenta para construir el índice fueron los delitos registrados por cada 100 mil habitantes,sentencias, número de policías, fiscales y jueces o magistrados. También contemplaron la cifra negra de delitos, es decir, aquellos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa.

Este índice complementa la investigación que la UDLAP presentó en abril pasado en la que comparó los grados de variación de impunidad entre países. Analizó el caso de 59 países del mundo y concluyó que Filipinas alcanza los niveles de impunidad más altos con 80 puntos de 100 como nivel de impunidad máxima. A nivel global, México se ubicó en segundo lugar con 75.7 puntos. En este contexto, acontecimientos como las tres fugas del Chapo y la violencia intergrupal, que cada día se supera a sí misma, no son más que un botón de muestra de la cruda realidad que va para largo.

Ecuador

Correa, otro presidente en apuros por el desplome del oro negro

Rafael Correa, el hombre que consiguió cambiar el curso de la realidad económica de Ecuador y que hizo posible en los nueve años que lleva en la presidencia, que el país dejase de exportar mano de obra para convertirse en un país de inmigración, abierta fundamentalmente a profesionales cualificados, está en horas bajas. El desplome de los precios del petróleo, un recurso que aprovechó en los años de vacas gordas para darle un vuelco a las infraestructuras del país, está haciendo que lo que en algún momento se conoció como «milagro económico» ecuatoriano empiece a convertirse en un espejismo.

Desde que llegó a la presidencia, después de un efímero paso de cuatro meses por la cartera de Economía y Finanzas en el gobierno de Alfredo Palacio, Correa apostó por el gasto público financiado con la renta petrolera y el endeudamiento externo, relegando a un segundo plano al sector privado y ahora parece que está pagando caro el haber tomado ese riesgo.

La década de bonanza petrolera permitió incrementar la actividad y el consumo en el país, pero ahora que el Gobierno se quedó sin recursos tuvo que recortar fuertemente el gasto, y así afectó a la economía en su conjunto. Desde el tercer trimestre (julio-septiembre) de 2015 el Producto Interior Bruto (PIB) de Ecuador sufre caídas interanuales, para 2016 el Banco Mundial proyecta un descenso del 2 % que, según algunos expertos, puede llegar incluso al 3 %.

Esta desaceleración de la economía ecuatoriana también se produjo como consecuencia de la subida de la cotización del dólar estadounidense, que Ecuador utiliza como su moneda oficial desde el año 2000. Esa dolarización de la economía, que en su momento salvó al país de la inflación, en la actualidad le priva de una válvula de escape, como podría ser una devaluación de la moneda, algo que ya han hecho sus vecinos Colombia y Perú.

En cualquier caso, la situación económica de Ecuador está a años luz de la que padece un país como Venezuela, gobernado por sus correligionarios bolivarianos que, a pesar haber manejado en los años de bonanza unos ingresos multimillonarios, han conducido al país a la bancarrota total. Correa se contagió del talante autoritario y populista de Chávez pero el Comandante nunca se interesó por los conocimientos económicos que aquel adquirió en universidades norteamericanas y europeas.Su musa eran los Castro.

Colombia

Un plan post-conflicto para una paz sostenible

En los 15 años de vigencia del denominado Plan Colombia, la administración norteamericana ha contribuido con 9.000 millones de dólares a la guerra sobre el terreno contra el boyante negocio de producción y exportación de cocaína al principal mercado de esta droga ilicita -los Estados Unidos- y al resto de los emergentes, especialmente el europeo. Unos dineros que inicialmente solo se podían destinar a eso y que se gastaron fundamentalmente en fumigar las plantaciones de hoja de coca, algo que contribuyó más bien poco a erradicar el negocio y más bien mucho a destrozar el ecosistema de las zonas afectadas, acabaron siendo destinados básicamente a combatir a las guerrillas que llevaban años controlando directa o indirectamente el negocio.

Según algunos analistas ese nuevo enfoque fue determinante para que Timochenko se aviniese a negociar un final digno a medio siglo de una lucha armada que empezó siendo contra la oligarquía y de la que la principal víctima fue el pueblo colombiano en su conjunto.

A mediados de esta semana que acaba, el pragmático presidente Juan Manuel Santos y Barack Obama formalizaron lo que ya se considera el Plan Colombia II, que contempla más ayudas pero ahora para consolidar el proceso de paz. Según declaró el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas en una entrevista al diario colombiano El Tiempo, el apoyo norteamericano, cifrado en unos 400 millones de dólares anuales, se centrará en ayudas para sustituir cultivos de coca, fondos para el sustento de los guerrilleros desmovilizados y ayuda militar para combatir a las bandas narcotraficantes. «Será -dijo- un Plan Colombia para consolidar y hacer sostenible la paz».

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