El 25 de enero del 2002, Alberto Gonzales, asesor legal de la Casa Blanca en aquel momento, le entregaba al presidente George W. Bush un memorando en el que, entre otras cosas, decía que «la guerra contra el terrorismo es una nueva forma de guerra» y añadía el informe del abogado tejano que «este nuevo paradigma hace obsoletas las estrictas limitaciones de la Convención de Ginebra para los interrogatorios a los enemigos detenidos». Con esas palabras, Gonzales, impulsaba a EE.?UU. a saltarse el derecho internacional. Bush cumplió a rajatabla las recomendaciones de su amigo Gonzales. Comenzaba así una de las historias más infames que ha protagonizado Estados Unidos.
A partir de ese momento y apoyados por diversos informes legales preparados por los asesores de la Casa Blanca, los responsables de los interrogatorios a los detenidos acusados de terrorismo hicieron uso de diversas técnicas que según todos los manuales de derechos humanos son, sin duda, formas de tortura.
A partir de ese momento pudieron ser posibles sucesos como los de cárcel iraquí de Abu Ghraib, los de las cárceles secretas de Irak y Afganistán o como la construcción y sostenimiento de la prisión de Guantánamo.
Poco después de aquel informe que dio comienzo a todo, el entonces presidente Bush nombró a Alberto Gonzales, que había sido su abogado mientras fue gobernador de Tejas, responsable máximo del Departamento federal de Justicia, es decir, fiscal general de Estados Unidos.