La UE aprueba la retención de datos telefónicos y de Internet

Alicia G. de Francisco BRUSELAS

INTERNACIONAL

Las empresas deberán guardar la información entre 6 y 24 meses

21 feb 2006 . Actualizado a las 06:00 h.

La Unión Europea cumplió ayer el último trámite político necesario para aprobar de forma definitiva una norma que obligará a las empresas de telecomunicaciones a retener por un período de 6 a 24 meses algunos datos de comunicaciones telefónicas y electrónicas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Tras la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión, sólo falta la publicación del texto en el Diario Oficial de la UE y a partir de ese momento se iniciará el período de trasposición de 18 meses, por lo que se espera que la norma entre en vigor en el segundo semestre del 2007. A pesar de los votos en contra de Irlanda y Eslovaquia, que se mostraron en desacuerdo con la base jurídica elegida para esta legislación, se obtuvo la mayoría cualificada necesaria para aprobar definitivamente la directiva, que ya había recibido en diciembre el visto bueno del Parlamento Europeo. La ministra austríaca de Justicia, Karin Gastinger, en nombre de la presidencia de turno que ocupa su país, explicó en una rueda de prensa que con la aprobación de este texto, tras cuatro meses de debates, «se da una señal política muy importante para Europa». Por su parte, el comisario europeo de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, destacó que la norma concilia «las exigencias de seguridad y del respeto a la libertad», ya que incluye salvaguardas para el derecho a la vida privada. Desde que se presentó la primera versión de esta propuesta -hace más de un año, pero con otra base legal-, la idea fue defendida por España, ya que la información conseguida por el análisis de los datos de las comunicaciones se mostró muy eficaz en las investigaciones de los atentados de Madrid. El secretario de Estado de Seguridad español, Antonio Camacho, destacó ayer la importancia de este instrumento, que permitirá a la policía y a la Guardia Civil contar con los medios adecuados para desarrollar su trabajo.