La Xunta presenta alegaciones contra quita de la deuda porque costará 600 millones a Galicia
GALICIA
Facenda denuncia que los gallegos pagarán 24 millones más de intereses
06 oct 2025 . Actualizado a las 17:58 h.La Xunta aprobó hoy lunes presentar alegaciones contra el anteproyecto de ley que transferirá a la Administración del Estado parte de la deuda de las comunidades autónomas. Facenda considera que esa decisión «va a provocar un evidente perjuicio financiero a los gallegos», ya que «no se traducirá, en ningún caso, en un incremento efectivo de la capacidad de gasto», y supondrá un «sobrecoste» de 600 millones y un aumento de los intereses de 42 a 66 millones para Galicia. Esas son parte de las conclusiones del informe de alegaciones, que rubrica Miguel Corgos, conselleiro de Facenda e Administración Pública.
El documento concluye advirtiendo que, en caso de que se apruebe el anteproyecto, la Xunta estudiará «las medidas de impugnación que correspondan» en defensa de los intereses de los gallegos. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que sustituyó a Alfonso Rueda al frente del Consello de la Xunta, no descartó recurrir a la vía judicial.
La transferencia de parte del crédito de las comunidades al Estado es consecuencia del acuerdo firmado en otoño del 2023 por el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que los independentistas apoyasen la investidura de Pedro Sánchez como presidente. El pacto incluía la «condonación» de 15.000 millones de deuda a Cataluña.
El anuncio desencadenó críticas incluso en comunidades gobernadas por los socialistas. Para amortiguarlas, el Gobierno amplió la «quita» a otras autonomías, pero todas las gobernadas por el PP y otras como Canarias —que hoy también hizo alegaciones— mantienen su rechazo.
Las reclamaciones de la Xunta se sustentan sobre tres argumentos básicos: la medida vulnera el principio constitucional de igualdad, no resuelve el problema de financiación existente y provoca un «evidente deterioro financiero a Galicia».
Criterios políticos
La medida «premia» a las comunidades con «menor compromiso» con el equilibrio presupuestario y «penaliza» a otras como Galicia, que aplicaron criterios de «prudencia y responsabilidad fiscal». Es, por lo tanto, «profundamente injusta» y «mina los incentivos» para una gestión responsable en el futuro.
El informe añade que «el 28 %» de la deuda que asumirá Hacienda, es decir 23.020 millones de euros, se ha asignado «mediante criterios políticos». El resultado es «totalmente injusto, arbitrario y falto de la más mínima equidad», ya que el Estado asumirá 1.369 euros de deuda por cada gallego, frente a 2.284 euros por cada catalán, valenciano, andaluz, murciano o castellano-manchego. La operación equivale a «una transferencia discrecional y arbitraria de recursos del Estado».
Las alegaciones recuerdan que la cantidad transferida al Estado no se podrá aplicar a nuevas inversiones o mejoras de servicios esenciales, ya que los límites de gasto «continúan operando». Por tanto, estamos «ante una medida que solo constituye una mutualización de la solvencia financiera» entre comunidades, de manera que «las más solventes ceden solvencia en favor de las más endeudadas, sin ningún tipo de condición ni contrapartida».
En suma, dice Facenda, Galicia transferiría 4.010 millones de deuda, pero al sumarse la de otras comunidades, los gallegos acabarían asumiendo, a través del Estado, «una carga de 4.622 millones». Por lo tanto, cada gallego pasaría a deber 266 euros más que antes de la operación.