Galicia es la tercera comunidad con más conflictos de competencias con el Estado

Acumula 77 desde el inicio de la autonomía, mientras que Cataluña suma 367


redacción / la voz

Galicia es la tercera comunidad con más conflictos de competencias con el Estado, un total de 77 desde que echó a andar el sistema autonómico, solo por detrás de las otras dos nacionalidades históricas. Así, Cataluña encabeza con 367 el ránking, seguida del País Vasco con 183. En el lado opuesto, con una baja conflictividad competencial, se sitúan tres comunidades autónomas uniprovinciales: Murcia y La Rioja con solo dos contenciosos cada una, y el Principado de Asturias, con tres. Parece evidente que son las tres nacionalidades históricasCataluña en primer lugar, y después el País Vasco y Galicia— las comunidades que acumulan más conflictos con la Administración central, especialmente la autonomía catalana, con todos las confrontaciones políticas que protagonizó en los últimos años, que obligaron a continuos movimientos del Estado ante el Tribunal Constitucional, para frenar distintos intentos de la Generalitat para tener estructuras de Estado.

Estos conflictos, no obstante, no solo los puede plantear el Estado contra las comunidades, sino que las propias autonomías pueden hacerlo contra el propio Gobierno central. La mayoría (53) fueron planteados por el Gobierno central en el caso gallego. El resto los interpuso la Xunta, al revés de lo que sucede con Cataluña, donde la mayor parte de los conflictos (281) fueron interpuestos por la Generalitat, a pesar del problemático período que viven ambas administraciones desde el 2015, con el independentismo en el poder.

Las comunidades solo pueden recurrir al Constitucional leyes que pueden afectar a su propia autonomía o a asuntos sobre los que ya existe una normativa autonómica. El Estado tiene una prerrogativa que no tienen las comunidades: el presidente del Gobierno puede impugnar una ley territorial invocando el artículo 161.2 de la Constitución, que supone la suspensión automática de la normativa por un plazo no superior a cinco meses, lo que obliga al tribunal a pronunciarse antes sobre el fondo del contencioso. El único requisito es que el recurso sea admitido a trámite.

Los conflictos son muy habituales debido a la ambigüedad o la falta de concreción que tiene la Constitución respecto al reparto competencial. Normalmente se realiza un requerimiento previo antes del recurso propiamente constitucional, con el objetivo de que la Administración cuestionada retire la normativa o se avenga a negociar. Recientemente, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, anunció la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la ley foral navarra, pero ofreció diálogo al Gobierno navarro para alcanzar un acuerdo extraprocesal. «Cuando el diálogo no lo puede arreglar todo, en un Estado como el nuestro las diferencias competenciales se han de dirimir en los tribunales», dijo la ministra.

Durante este año, el Estado y la autonomía gallega evidenciaron sus diferencias en torno a dos leyes aprobadas por el Parlamento de Galicia, la de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación Urbanas de Galicia y la de Ordenación Farmacéutica. En ambos casos se llegó a un acuerdo positivo en el seno de la comisión bilateral, lo que evitó futuros contenciosos en el ámbito jurisdiccional.

En cualquier caso, pese a las prerrogativas del Gobierno central para impugnar normativas autonómicas recurriendo al Tribunal Constitucional, el máximo órgano judicial se ha convertido en el árbitro del modelo territorial y su doctrina acumulada ha servido para construir el actual Estado autonómico, ante las múltiples dudas competenciales surgidas desde que echaron a andar los primeros Estatutos. Y el recurso de inconstitucionalidad es el medio para resolver estos conflictos y detectar procesos inconstitucionales en el ordenamiento competencial previsto en la Constitución.

Los 200 millones del IVA del 2017, ya en los juzgados

La reclamación de los 200 millones de euros del IVA formulada por la Xunta se mantiene viva tres años después y es el último conflicto Estado-Galicia. Los cambios provocados por la pandemia y la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no desactivaron la demanda de la Administración gallega para intentar recuperar la porción que le corresponde del IVA recaudado en diciembre del 2017, y el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración gallega contra el Ministerio de Hacienda ya fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo el 9 de septiembre.

La batalla del IVA sigue así su curso. El origen del problema se debe a que el Gobierno de Pedro Sánchez se embolsó casi 2.500 millones de euros de una mensualidad de dicho impuesto, sin reintegrar a las comunidades autónomas el 50 % de la recaudación que le corresponde. Se escudó para ello en un cambio normativo introducido por la Administración de Rajoy en la gestión del IVA y que, por una cuestión de plazos, no permitía contabilizar la liquidación de diciembre del 2017 dentro de su mismo ejercicio, sino que la remitía al 2018, como si este año pasara a tener trece mensualidades.

Ahora bien, el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero al frente, no propició ninguna solución viable para devolver la mensualidad bloqueada a las comunidades, pese a que en casos como el de Galicia dicho ingreso estaba recogido en los presupuestos autonómicos. Ni la amenaza blandida desde Cataluña o la Comunidad de Madrid, que ya en el 2019 se lanzaron a reclamar por vía judicial la deuda, ni tampoco la protesta expresada por varios consejeros autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 7 de febrero del 2020 hicieron mudar la posición del Gobierno central. Lo único que lograron es que Hacienda permitiera a las comunidades endeudarse un poco más, elevando del 0,1 al 0,2 % del PIB el límite del déficit público para el año 2020, lo que les permitiría generar 2.500 millones de euros a mayores, justo la cantidad que reclaman por el IVA.

Con el litigio en su apogeo, no tardó en declarase la pandemia de coronavirus y las emergencia sanitaria, que no fue óbice para que varias comunidades preparan sus recursos judiciales. Galicia y Castilla-La Mancha iniciaron los trámites del recurso en febrero, y justo después del confinamiento, en mayo, Andalucía interpuso el suyo, como hizo el Gobierno de Castilla y León, cuya demanda fue aceptada a trámite en el Supremo en octubre.

Desde la Consellería de Facenda apuntan que siempre han intentado gestionar este asunto manteniendo abiertos los canales de diálogo con Madrid y dentro de la lealtad con el Gobierno central. Transcurridos dos años, Montero se cerró en banda y comunicó por carta a la Xunta a principios del 2020 que «ya se perdió esa oportunidad de poder resarcir» a las comunidades.

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