Una solución sin consultar con Madrid tras una batalla en solitario

Xunta y Ministerio de Hacienda mantienen una guerra abierta por el uso urgente del superávit


La Xunta ha dado con la fórmula para poder utilizar el superávit del 2018 en lo que quería desde hace un mes: sanidad y asuntos sociales. La solución se ha adoptado después de esperar seis semanas a que el Gobierno central validara que Galicia cumplía con todos los criterios para destinar ese remanente a algo que no sea amortizar deuda, que es lo único que permite Madrid, mientras no convalida las cifras de las comunidades (algo que debería haber hecho a mediados de este abril). Se ha decidido sin consultar al Ministerio de Hacienda

Al final, eso es lo que hará ahora la Consellería de Facenda: reducir deuda, en su caso de dos organismos dependientes. En total, unos 125 millones. El dinero con el que se iba a pagar ese pasivo se destinará a otro fin, como si fuera un movimiento interno de cuentas. En total, 130 millones (ahí se incluyen 5 millones de ahorro por amortización de deuda) que se irán a contrataciones de médicos y enfermeros, y reformas en centros educativos. La operación se articulará a través de tres vías diferentes y en dos anualidades.

Si al final la Xunta amortiza deuda, que es lo que sí permite el Ministerio de Hacienda, ¿para qué ha servido esta batalla? ¿No se podría haber hecho desde un principio? No, porque lo aprobado ayer es solo un primer paso. La intención del equipo de Feijoo es hacer inversiones financieramente sostenibles con este superávit, y los gastos que ejecutará ahora se van a remitir al ministerio para que los incluya dentro de ese real decreto que aprobó hace dos semanas, y que en la práctica no sirve porque, como se apuntaba al principio, las comunidades desconocen aún si han cumplido con la regla de gasto.

Esto es importante, porque esas inversiones sostenibles no computan en la regla de gasto (cumplir el déficit, la deuda y el pago a proveedores), y de esa forma facilitará el cumplimiento de esa máxima también durante el 2019. Ahora habrá que ver qué dice Hacienda cuando se le presenten esas facturas. Porque si no lo acepta, supondrá que la comunidad habrá gastado 130 millones más... y tendrá que apretarse el cinturón para cumplir el déficit de este ejercicio.

Galicia inició esta batalla con el Gobierno socialista en precampaña y en solitario. Solo el presidente canario (de Coalición Canaria), en una visita a Santiago, se sumó a las tesis de Feijoo. Es otra de las comunidades -junto a Asturias, al País Vasco y Navarra, estas últimas con régimen fiscal propio- en condiciones de poder reclamar otro uso al superávit. Pero, hasta ahora, ningún otro territorio ha decidido dar el paso que ayer aprobó el Consello. Y que no es el final de la batalla.

La Xunta sortea al Gobierno con una operación para disponer del superávit

Juan Capeáns

Pagará deuda de entidades autonómicas y reforzará el gasto en sanidad y educación

La Xunta de Galicia ha diseñado una compleja y pionera operación de alto calado financiero y administrativo para disponer de forma urgente de 130 millones de superávit del 2018 (104 a juicio del Gobierno central), pero que materialmente no puede ejecutar por unos requisitos que hacen imposible desbloquearlos. Se trata de una artimaña excepcional que el presidente Feijoo definió como «alternativa legal» y que le permite al Ejecutivo gallego disponer de un dinero al que difícilmente va a acceder este año a poco que se complique la formación del Gobierno tras las elecciones. Además, Galicia también se libera de las restricciones que fija el Ministerio de Hacienda para hacer uso de estas partidas excedentarias, ya que la Xunta va a destinarlo a amortizar deuda de dos entidades autonómicas, Xestur y SPI. Al aligerar esas deudas, se permite reorientar los pagos periódicos que estaban destinados a este fin para dedicarlos a inversiones en servicios públicos sin ningún tipo de limitación estatal, que es reacia a que se fomenten las contrataciones con el superávit.

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