La interminable rebelión de la Justicia

Casi 500 jueces y fiscales en Galicia están llamados hoy a una huelga para reclamar mejoras salariales y profesionales. La protesta se suma a la de otros colectivos del ámbito judicial


redacción / la voz

Jueces y fiscales están llamados hoy a una huelga de 24 horas que previsiblemente paralizará la Justicia en toda España. Es la segunda huelga que convocan este año (la primera fue en mayo) para reclamar mejoras salariales y profesionales, una mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Fiscal, así como varias reformas legales, entre ellas la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece un límite de seis meses para las instrucciones judiciales. El paro está respaldado por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que agrupan a los ocho mil jueces y fiscales de España (casi 500 en Galicia). La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que forma parte la actual ministra Dolores Delgado, también secunda la convocatoria, aunque se ha desmarcado del tono «agresivo» de los últimos comunicados del resto de las asociaciones, especialmente el último.

En ese comunicado las otras seis asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Independiente Judicial y Asociación de Fiscales) aseguran que apenas se ha avanzado en las reuniones con el Ministerio de Justicia: «No se nos ha ofrecido nada concreto de lo que venimos reclamando desde hace casi dos años, pese a lo que se transmite en las notas de prensa oficiales emitidas por el Ministerio de Justicia. Todo son promesas y largas». Añaden que, para mejorar la Justicia, es necesario devolver el nivel salarial de antes de la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar de medios materiales para impartir justicia o incrementar la autonomía del Ministerio Fiscal. Pero para eso «nunca hay dinero ni interés», sostienen las seis asociaciones. La UPF apoya las tesis de sus compañeros, pero es más comprensiva con el actual equipo ministerial, por las dificultades presupuestarias que tiene para atender las demandas de jueces y fiscales frente al PP, que sí pudo atenderlas y no lo hizo.

A esas dificultades alude el Ministerio de Justicia. Tras la última reunión con los convocantes de la huelga, explica que los responsables del ministerio han vuelto a poner sobre la mesa el compromiso para la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «que mantienen paralizada los grupos de la oposición», la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recupera derechos sociales para jueces y fiscales, los permisos y licencias, o la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y 75 nuevas unidades judiciales.

Respecto a sus reivindicaciones salariales, el ministerio les transmitió a las asociaciones que sus condiciones retributivas se enmarcan en el acuerdo entre Gobierno y sindicatos que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado «para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo». Justicia asegura que, pese a esas explicaciones, los colectivos que convocan la huelga de hoy «insisten en tener un marco salarial diferenciado respecto del resto de la función pública».

Los colectivos más críticos con el actual equipo de Justicia aseguran que la ministra Delgado les confesó que no compartía la huelga y que las negociaciones sobre las reivindicaciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal se podían ver afectadas. Esas «advertencias» han sido rechazadas por parte de las asociaciones, al considerar que es una técnica que «recuerda épocas ya superadas» y que tiene el objetivo de «amilanar» para evitar la convocatoria, informa Europa Press.

En lo que sí parecen coincidir todos los implicados es en la situación crítica que atraviesa la Justicia en España, por «anticuada, obsoleta, insuficiente y lenta». Afirman que esas carencias se suplen a diario con el esfuerzo de todos los funcionarios que trabajan en el ámbito de la Justicia, que parecen haber dicho basta y que han decidido mantener una presión casi permanente para reclamar sus derechos.

Conflicto permanente

El conflicto es casi total. La huelga de jueces y fiscales de hoy se viene a sumar a las protestas que han venido realizando a lo largo de este año todos los operadores relacionados con la Justicia, los últimos, los letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales). Coincidiendo con esas legítimas reivindicaciones, se están incrementando los problemas que arrastra la Justicia. Es algo que se conoce bien en Galicia, donde todavía no se sabe cómo recuperar el atasco causado por la huelga de funcionarios de principios de año.

Galicia arrastra el caos del paro de los funcionarios

 

El paro convocado para hoy por jueces y fiscales vendrá a incrementar muy probablemente el caos que viene arrastrando la Administración de Justicia en Galicia desde principios de año, cuando una huelga de funcionarios paralizó la actividad judicial durante tres meses.

Durante ese paro, fueron miles los juicios que quedaron suspendidos o aplazados en los juzgados gallegos y los trámites que se han visto paralizados o alterados y que han afectado y siguen afectando de forma directa a los ciudadanos.

acuerdo con funcionarios

Pago de horas extras. La Xunta asegura que el plan de recuperación puesto en marcha semanas después del final de aquella prolongada huelga logró empezar a encauzar la situación. Xustiza diseñó un plan especial de refuerzo por el cual los mismos funcionarios que hicieron la huelga aceptaron participar en ese plan, por las tardes y a cambio del pago de horas extras. De esa manera, aseguran desde la Xunta, se ha conseguido recuperar gran parte del trabajo que quedó pendiente durante los tres meses de la huelga de principios de año. Citaciones sin tramitar, notificaciones sin entregar y expedientes paralizados fueron agilizados gracias a ese plan con los funcionarios dependientes de la Xunta. Otra cosa son los jueces.

segunda fase, bloqueada

Galicia no tiene jueces. La primera fase del plan de recuperación, el que depende de la Xunta y en el que participan los funcionarios de Justicia en Galicia, parece, por lo tanto, que está desarrollándose de forma positiva, y los procedimientos bloqueados en su fase inicial se han puesto en marcha. Pero en muchos casos el avance de esos asuntos ha aumentado el colapso que arrastran determinados órganos judiciales. El propio presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, alerta de dificultades para hallar jueces dispuestos a participar en el plan de autorrefuerzo, por el cual los jueces afectados harían horas extras remuneradas para desatascar los asuntos de sus juzgados. Pero las perspectivas no son buenas, como lamenta Cadenas: «Hoy por hoy no contamos con los jueces necesarios para poner en marcha un plan extraordinario para afrontar los casos acumulados».

Fernando Blanco dice que los jueces que lo hagan mal deben ser corregidos

El exconselleiro de Industria Fernando Blanco (BNG) dijo ayer en RNE que los jueces que lo hacen mal «teñen que ser corrixidos». Blanco acaba de ser desimputado tras casi ocho años bajo la lupa de la jueza Pilar de Lara, que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.

Blanco dijo que la Administración debe activar «mecanismos para corrixir actuacións non correctas».

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