santiago / la voz

La salida de la familia Franco del pazo de Meirás está algo más cerca gracias al acuerdo histórico alcanzado este miércoles por todos los grupos con representación en el Parlamento gallego, que aprobaron por unanimidad una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a iniciar un proceso civil para la devolución del pazo de Meirás al patrimonio público. El texto consensuado por las cuatro fuerzas recoge la voluntad expresa de que el retorno de la propiedad se haga sin coste alguno para el erario público. Una mención con la que los grupos sortearon el principal punto de disensión: la posibilidad de que los Franco fueran indemnizados por el mantenimiento del pazo desde 1975, siempre que justificasen los gastos.

Esta era una de las cuestiones que advertía el informe encargado por la Xunta a la comisión de expertos. El hecho de que, si el juez consideraba a los herederos del dictador poseedores de buena fe de la propiedad, tuviesen derecho a ser resarcidos económicamente. Ana Pontón, del BNG, calificó ese hipótesis como «unha bofetada ás vítimas e á dignidade de Galicia», algo inasumible para el Parlamento gallego, y Antón Sánchez, de En Marea, recordó que «os herdeiros de Franco eran perfectamente coñecedores da orixe da propiedade».

En su respuesta, Pedro Puy, el portavoz popular, expuso que el informe de los expertos advertía de ese como un escenario posible en términos jurídicos, sin que ello supusiera respaldar políticamente la indemnización a los Franco. Finalmente, los grupos zanjaron esta discrepancia incluyendo en la resolución aprobada la negativa de la Cámara gallega a que se les abonase cantidad alguna a los herederos de Franco. «Hoxe temos unha gran oportunidade de facer un exercicio democrático e de contribuír á demostrar a superioridade moral da democracia sobre calquera outra forma de goberno», sostuvo Puy.

El acuerdo de los cuatro grupos fue también posible gracias a la coincidencia en otros dos puntos: la necesidad de que la Xunta se personase en la causa y el reconocimiento de todas las personas que han trabajado por la recuperación de la memoria histórica.  

Puntos excluidos

Finalmente, no entraron en la proposición dos cuestiones que planteaba el Bloque en su propuesta: la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y la inclusión de un posicionamiento político del Parlamento en favor de 19 miembros del BNG procesados por la denuncia de los Franco tras la ocupación simbólica el 30 de agosto. Una movilización que los nacionalistas emprendieron una vez conocido que era la Fundación Franco la que gestionaba unas visitas en las que se ensalzaba la figura del dictador.

El acuerdo del Parlamento aprobado este miércoles por unanimidad se cimenta sobre el informe que la Xunta encargó a la comisión de expertos. La alternativa jurídica que ahí se propone es que el pazo de Meirás pase a manos del Estado a través de una acción reivindicatoria contra los herederos del dictador. Esto significa, de facto, que la Administración General presentaría una demanda civil para reclamar que la propiedad sea considerada como bien de dominio público afecto a la Jefatura del Estado. Para ello, según los expertos, sería necesario acreditar el uso público de Meirás entre 1941 y 1975. Algo que, según la comisión, queda probado. Por ejemplo, allí se celebraron consejos de ministros, como el de 1953, en el que se aprobó la construcción de Alvedro.

Los expertos, en el informe que sirve de base a la proposición del Parlamento, se desmarcan de una acción civil centrada en la nulidad de la propiedad del pazo, al haberse acreditado que se trató de una compraventa simulada. El inmueble ya había sido adquirido y donado al dictador en 1938. La comisión cree que esta alternativa plantea un horizonte legal más complicado para recuperar el bien, porque sería necesario probar la donación anterior al dictador y el uso de fondos públicos. Con el acuerdo de este miércoles, la pelota pasa ahora a manos del Ministerio de Cultura.

Y mientras tanto, los herederos de Franco siguen adelante en su intento de vender la propiedad. La inmobiliaria que ha puesto el pazo en el mercado por ocho millones de euros, sigue anunciándolo no solo en Internet, sino también en las páginas de El Diario Montañés, un periódico cántabro. Se ha sabido que la propiedad situada en Sada ya recibió la visita de varios compradores interesados en obtenerla.  

Se vende Pazo de Meirás con Franco leyendo la prensa... Es la peculiar manera que la inmobiliaria de lujo Mikeli tiene para promocionar en la red la venta del inmueble por 8 millones de euros. Se ven múltiples imágenes del dictador sacadas de un capítulo del NO-DO.

Polémica por la CRTVG

Por otro lado, la portavoz del BNG acusó a los populares de «manipular» a su antojo la tele y la radio públicas, y exigió un concurso público para nombrar a la dirección de la CRTVG, la puesta en marcha de los consejos de redacción, y la elaboración de un estatuto profesional. El presidente Feijoo se apoyó en tres ideas para rebatir a Pontón, cuestionando en primer lugar los datos de seguimiento -«os segundos mellores de España»-, recordando el reciente episodio del nombramiento de RTVE, con la implicación de Podemos y partidos nacionalistas e independentistas -«¿é o modelo que vostede propón?»-, y deteniéndose especialmente en revisar la etapa del bipartito.

El alcalde de Sada celebra la votación y aboga por acabar con «esta vergoña»

El alcalde de Sada, Benito Portela, señaló que «é un día histórico para Sada» y añadió que «o Concello sempre apostou pola unidade das forzas democráticas para acabar con esta vergoña». Además, la Junta Pro Devolución acordó instar al Gobierno central a que inicie el procedimiento judicial de devolución del pazo de Meirás al patrimonio público en una reunión celebrada este miércoles en la Diputación de A Coruña. Piden al Ejecutivo que lo considere una «prioridad política» y «tome la misma celeridad con que se está promoviendo otros asuntos de importancia en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica, como es el Valle de los Caídos». Tras la reunión, la vicepresidenta de la Diputación informó de que se habían remitido los informes históricos al nuevo Gobierno.

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Histórico acuerdo en el Parlamento para echar a los Franco de Meirás