Así actúa una empresa de desalojo de okupas: «perros y porras son para disuadir»

El sector inmobiliario no recomienda echar mano de las empresas que se dedican a desalojar a los ocupadores ilegales. Consideran que bordean peligrosamente la ley y que las consecuencias judiciales de sus actuaciones pueden añadir más preocupaciones a las de sufrir una ocupación.

«Una propiedad privada es eso: propiedad y privada», aduce en cambio para defender cualquier actuación -aunque se mueva en el filo de la ley- Jaime Sanz, responsable de la firma Desokupacionlegal. «Hacemos un control de acceso a la vivienda ocupada con perros, para evitar conflictos entre personas», dice. «No coaccionamos ni amenazamos: disuadimos, y protegemos al vigilante y la propiedad con perros, que junto a las porras, uniformes y grilletes son herramientas para nuestra seguridad. Pero sin violencia, jamás la hemos tenido que utilizar, aunque nos han sacado machetes y cuchillos», añade. Rechazan dar empleo a paramilitares o matones para lograr mayor efectividad. El control de acceso que permite salir a los ocupantes, pero no volver a entrar, «es totalmente legal», asegura, y advierte que cada vez que montan «un operativo» dan antes parte al departamento de Seguridad Privada de Interior como empresa de vigilancia.

Sanz constata que la vía judicial en las ocupaciones «acaba siendo estéril» a causa del atasco de los juzgados. «La Justicia es eficaz, pero no eficiente», mantiene, enfrentándola a las sesenta liberaciones de propiedades que dice ha llevado a cabo su empresa este año en casi toda España. En Galicia no ha actuado todavía, pero constata que la ocupación está llegando con fuerza también al norte.

«Es tirar piedras contra mi tejado, pero yo implantaría los juicios rápidos contra las ocupaciones», señala el responsable de Desokupacionlegal, que advierte cierta comprensión de parte de la izquierda hacia el asalto de propiedades. «No defendemos ninguna ideología», aclara, y señala incluso que trata de reubicar a las familias necesitadas que son desocupadas. «Siempre intento mediar», dice mientras afirma que en cuatro años solo se le han enquistado dos casos, haciendo alarde de su efectividad para rechazar acusaciones de connivencia con las mafias de la ocupación. «No paramos», afirma, y añade que desde que los contratan tardan una semana en hacer el desalojo.

«Hablamos con los okupas y empieza la negociación, pero no aceptamos ni que nos pidan dinero ni extorsiones, y sí ayudamos en cambio a buscar alquileres pequeños», afirma.

La dificultad en el desalojo marca el precio del servicio, «pero no hay una tarifa ni un patrón de partida», concluye Sanz.