Estiman que el fin de los alquileres a tres años propiciará su subida y los impagos
23 mar 2018 . Actualizado a las 10:14 h.El cambio normativo que los alquileres de viviendas sufrirán a partir de junio puede llegar a disparar la incidencia de las ocupaciones. La patronal de las empresas inmobiliarias de Galicia acaban de encender las alarmas ante un escenario legal y del mercado que temen favorezca un repunte en la ocupación ilegal de viviendas sin que la ley se haya mejorado para proteger a los propietarios que sufren el asalto de sus propiedades o para respaldar en sus derechos a los arrendadores cuando se enfrentan a inquilinos que no pagan.
La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias apunta a que ciudades como Vigo, A Coruña y, en menor medida, Santiago cuentan con una oferta de alquiler que no cubre la demanda, y unos precios que con seguridad registrarán a partir de junio un empujón al alza. A mediados de año vence la ley del 2013 dictada para dinamizar el mercado del alquiler en España y que contenía las subidas en sus contratos en función del IPC. Ahora, todo dependerá de la voluntad del casero y de sus negociaciones con el alquilado, que el mercado traduce ya en una subida en los precios para recuperar su congelación en los años de la crisis. «El alquiler está cogiendo velocidad de crucero, tanto en precios como en la presión de la demanda», radiografía Benito Iglesias, presidente de la patronal inmobiliaria.
El representante del sector certifica que «la ocupación ilegal es un fenómeno que cada vez va a más. Los vecinos tienen miedo a que les roben, a que destrocen sus propiedades, a que se enganchen a sus suministros, y no reciben respuestas por parte de los ayuntamientos ni otras Administraciones», lamenta.
Viviendas vacías
La federación inmobiliaria advierte que las ciudades gallegas tienen un alto índice de viviendas vacías (18,6 %, casi el doble que la media estatal), lo que unido a una «legislación obsoleta» que estiman va por detrás de la realidad de las ocupaciones, convierte a Galicia en escenario propicio para ese tipo de prácticas. «Se ha permitido que las ocupaciones ilegales, que eran esporádicas en Galicia, ya no lo sean. El problema se ha agravado y hay que afrontarlo», exige Benito Iglesias.
Para evitar que siga creciendo el miedo de los dueños de pisos vacíos a alquilarlos, y se propicie la ocupación ilegal a causa de una subida generalizada de los alquileres, las empresas inmobiliarias gallegas reclaman que se recupere la desgravación fiscal del alquiler, tanto para el inquilino como para el propietario, lo que entienden redundaría en la salida al mercado de más viviendas. Solicita también la patronal que se cree en las ciudades gallegas un parque social público-privado suficiente para atender las necesidades de las familias con las rentas más bajas o que no pueden alquilar por carecer de ingresos.
La patronal gallega ofrece asesoría gratis a propietarios de bienes asaltados
La Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias exige, sobre todo a los ayuntamientos urbanos de la comunidad, «contundencia en la aplicación de la legalidad en defensa de la propiedad, sin ambigüedades». Pero como entienden que esta no se está dando en algunas ciudades gallegas, y la legislación tampoco ampara lo suficiente a los propietarios de bienes ocupados, la propia patronal ha decidido dar servicio jurídico gratuito para informar a los afectados «ante la falta de respuesta de las Administraciones».
Recuerda en todo caso el presidente del sector inmobiliario gallego que es importante solicitar el desalojo de la vivienda lo antes posible para tratar de que esta se produzca en las 48 horas inmediatas a la ocupación. Si no es así, el proceso legal se verá abocado a retrasarse meses.
«No coaccionamos ni amenazamos: perros y porras son para disuadir sin violencia»
c. p.
El sector inmobiliario no recomienda echar mano de las empresas que se dedican a desalojar a los okupas. Consideran que bordean peligrosamente la ley y que las consecuencias judiciales de sus actuaciones pueden añadir más preocupaciones a las de sufrir una ocupación.
«Una propiedad privada es eso: propiedad y privada», aduce en cambio para defender cualquier actuación -aunque se mueva en el filo de la ley- Jaime Sanz, responsable de la firma Desokupaciones Legales. «Hacemos un control de acceso a la vivienda ocupada con perros, para evitar conflictos entre personas», dice. «No coaccionamos ni amenazamos: disuadimos, y protegemos al vigilante y la propiedad con perros, que junto a las porras, uniformes y grilletes son herramientas para nuestra seguridad. Pero sin violencia, jamás la hemos tenido que utilizar, aunque nos han sacado machetes y cuchillos», añade. Rechazan dar empleo a paramilitares o matones para lograr mayor efectividad. El control de acceso que permite salir a los okupas, pero no volver a entrar, «es totalmente legal», asegura, y advierte que cada vez que montan «un operativo» dan antes parte al departamento de Seguridad Privada de Interior como empresa de vigilancia.
Sanz constata que la vía judicial en las ocupaciones «acaba siendo estéril» a causa del atasco de los juzgados. «La Justicia es eficaz, pero no eficiente», mantiene, enfrentándola a las sesenta liberaciones de propiedades que dice ha llevado a cabo su empresa este año en casi toda España. En Galicia no ha actuado todavía, pero constata que la ocupación está llegando con fuerza también al norte.
«Es tirar piedras contra mi tejado, pero yo implantaría los juicios rápidos contra las ocupaciones», señala el responsable de Desokupaciones Legales, que advierte cierta comprensión de parte de la izquierda hacia el asalto de propiedades. «No defendemos ninguna ideología», aclara, y señala incluso que trata de reubicar a las familias necesitadas que son desocupadas. «Siempre intento mediar», dice mientras afirma que en cuatro años solo se le han enquistado dos casos, haciendo alarde de su efectividad para rechazar acusaciones de connivencia con las mafias de la ocupación. «No paramos», afirma, y añade que desde que los contratan tardan una semana en hacer el desalojo.
«Hablamos con los okupas y empieza la negociación, pero no aceptamos ni que nos pidan dinero ni extorsiones, y sí ayudamos en cambio a buscar alquileres pequeños», afirma.
«La dificultad en el desalojo marca el precio del servicio, «pero no hay una tarifa ni un patrón de partida», concluye Sanz.