El nuevo diseño de rutas ha salvado una huelga, una suspensión, un recurso en el tribunal de contratos y aún deberá pasar más pruebas
07 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Cambiar estructuras que llevan años anquilosadas, como son las concesiones del transporte por carretera, es una tarea ardua y compleja. La reforma que ha llevado a cabo la Xunta parte de un fracaso: la sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2016 que anuló el plan inicial del Gobierno autónomo, colocando en una situación de interinidad buena parte de las líneas y con el agravante de la renuncia expresa de las empresas a prestar servicios en casi 600 líneas. El fracaso original, no obstante, se ha visto como una oportunidad para reorganizar un modelo que no responde a las necesidades de movilidad actuales, especialmente en las zonas rurales.
En junio y julio, el Ejecutivo de Feijoo se enfrentó a una de sus crisis más complejas con la huelga de transporte, con todo el sector -sindicatos y patronal- en contra de las nuevas concesiones y, sobre todo, con una fiera oposición al transporte escolar compartido, pues su generalización -a partir del 2020 en áreas rurales- supondrá una merma de ingresos en un sector muy subvencionado, pues es preciso que todas las necesidades de movilidad se satisfagan sin que exista una demanda real que las haga rentables. El negocio en la mayoría de los contratos recientemente adjudicados está en el gran caudal de recursos públicos que se destinan a mantener líneas que nadie podría operar sin pérdidas, incluso con el privilegio de no tener competencia.
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, de perfil muy técnico -es ingeniera de caminos- supo ejercitar su músculo político en la negociación con los sindicatos, dejando claro desde el principio que iba a segregar los dos intereses que confluían en la huelga: el puramente laboral y el empresarial, que pretendía paralizar la primera fase del plan que se puso en marcha el pasado 8 de agosto. Se llegó a un acuerdo con UGT y CC. OO., se sentaron las bases para la negociación de los convenios colectivos aportando más dinero público para los salarios y más garantías para la subrogación de los empleados en caso de que otra concesionaria asuma el contrato.
Con los empresarios, desde el principio se tuvo claro que la batalla se iba a librar en el ámbito de los recursos administrativos y judiciales. Es como si se dijeran mutuamente una frase manida: «Nos vemos en los tribunales».
Las reticencias son comprensibles, pues se trata de modificar un régimen concesional que fue concebido a mediados del siglo pasado, después de una crisis brutal con la que se ha aprendido a racionalizar los recursos públicos y en medio de un sector muy atomizado pero con dos grandes empresas que aspiran a controlarlo. Al menos, el conflicto sirvió para dar visibilidad a esa Galicia rural y envejecida que se mueve en autobús. O mejor dicho, donde el bus es la única alternativa de movilidad.
En el ámbito de los tribunales, la Xunta ha salvado ya una suspensión cautelar que solicitaban los empresarios que recurrieron al Tribunal Central de Recursos Contractuales, que aceptó el argumento del perjuicio que causaría al interés general la supresión de los nuevos contratos.
Tribunal de contratos
El martes este mismo tribunal se declaró incompetente para decidir sobre las cuestiones que le planteaban parte de la patronal del transporte, cerrándoles la vía del recurso administrativo. Aunque su resolución abre otros escenarios de litigio -especialmente el contencioso-, el tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda da la razón a la Xunta en dos aspectos cruciales. Por un lado, asume que los nuevos contratos son únicos, concesiones integradas que incluyen reservas de plazas para escolares. Y no un contrato mixto que incluye el transporte regular y el escolar, una demanda de los empresarios que tiene como objetivo recibir dos compensaciones económicas diferenciadas por dos servicios distintos.
El tribunal también deja claro que el sistema de adjudicación directa elegido por la Xunta responde a las exigencias normativas.
La tormenta perfecta se ha apaciguado en tan solo dos meses, pero el plan de transporte seguirá bajo la lupa judicial a través de los recursos contencioso-administrativos. La puesta en marcha del transporte escolar compartido el próximo lunes pondrá a prueba uno de los pilares del plan.
La Xunta intenta tranquilizar a las familias sobre los buses escolares compartidos
Los conselleiros de Educación y de Infraestruturas, Román Rodríguez y Ethel Vázquez, se reunieron ayer con representantes de Confapa y ANPAS Galegas para informarles sobre la puesta en marcha del transporte escolar compartido, que afectará a cerca de medio millar de líneas, algo más del 9 % de las rutas a los colegios públicos existentes. Ante las dudas sobre eventuales riesgos a los que se enfrentarían los menores, la Xunta se comprometió a que los acompañantes, que serán obligatorios en todas las líneas integradas, irán desde el inicio de la ruta en el bus para velar por la seguridad de los menores. Está previsto que, en algunos casos, las rutas se amplíen antes y después del inicio y el final de la ruta escolar con el objeto de satisfacer las demandas de movilidad del resto de los usuarios.
El vicepresidente de Confapa, José Antonio Álvarez, y el vicepresidente de ANPAS Galegas, Fernando Lacaci, aseguran estar «expectantes» sobre cómo funcionará el modelo, mientras el BNG solicitó paralizar el plan y crear una mesa de diálogo para un nuevo diseño.