El final de una época en las concesiones de rutas de autobús genera temores en los trabajadores, la patronal y la Xunta
28 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El conflicto del transporte de viajeros por carretera, que amenaza con enquistarse, tenía que aflorar en algún momento, pues el final de las concesiones genera inseguridad no solo en los trabajadores, sino también en la patronal. Se trata de un cambio de escenario, en el que surgen dudas, tanto en la Administración, que pretende asegurar el servicio al mayor número de gallegos, especialmente en las zonas rurales; en los sindicatos, que temen que se destruyan empleos y se derive hacia la precarización; y en los empresarios, que ven con inquietud que sus ingresos disminuyan.
El conflicto de los autobuses ha aflorado, convirtiéndose en el primer gran pulso en la tercera legislatura de Feijoo, y lo ha hecho justo cuando la Xunta buscaba una solución para la renuncia masiva de líneas por parte de las empresas, después de que el Tribunal Supremo, en base a las directivas comunitarias, tumbara en marzo del 2016 la prórroga automática de 129 concesiones (cerca del 90 % de los contratos) durante 10 años. Ante esta situación, Infraestruturas optó por una alternativa provisional consistente en mantener las rutas hasta diciembre del 2019, mientras diseñaba un nuevo plan y se obligaba las empresas renunciantes a prestar servicio hasta agosto del 2017. La primera fase de adjudicación de concesiones que se ha iniciado recientemente viene precisamente a cubrir estas líneas -578 en total- a las que los empresarios renunciaron porque no las consideraban rentables. Según la patronal, no hubo tal renuncia, sino una caducidad de las concesiones decretada por el Supremo.
El diálogo
La ruptura de las negociaciones. Xunta, sindicatos y patronal se reunieron el viernes 16 en una mesa tripartita que, en realidad, solo sirvió para constatar que los trabajadores y la patronal están unidos contra el Ejecutivo gallego por la implementación del plan. Esta huelga «rara», como la definió Feijoo, no es solo contra los empresarios que se niegan a renovar los convenios colectivos. En realidad también es contra el nuevo modelo de transporte, y ahí los intereses de empleados y patronos confluyen. De ahí que a veces parezca que las empresas no se vean a menudo muy aludidas por los paros. La Xunta quedó el viernes en reunirse con las dos partes al lunes siguiente pero, inesperadamente, las convocó por separado el sábado. Esta decisión rompió la baraja y ni sindicalistas ni empresarios acudieron a la llamada. A día de hoy la Xunta no tiene intención de convocar otra reunión tripartita, pues creen que el principal problema es aclarar las dudas de los trabajadores sobre la continuidad de los puestos de trabajo a través de la subrogación. No quiere hacerlo, además, en medio de un incumplimiento flagrante de los servicios mínimos.
el conflicto laboral
Los sindicatos, ante dos frentes. Es bueno sondear estos días en los andenes la problemática de los conductores de autobús para entender el conflicto. Se quejan de largas jornadas laborales y sueldos muy pequeños, «a pesar de que afrontamos una gran responsabilidad», recordaba un trabajador. Creen que la subrogación en caso de cambio de empresa en una concesión no está asegurada, y ven un futuro de precarización en el nuevo plan ante la posibilidad de que se generalicen los contratos por horas y estén obligados a cobrar el salario base. Quieren negociar con la Xunta y la patronal en la misma mesa por una razón: los empresarios les dicen que no renovarán los convenios colectivos por la incertidumbre que les genera el plan, y solo el Ejecutivo gallego puede rebajar esa incertidumbre. La huelga indefinida extendida a todos los días, y no solo a los martes y miércoles, planea sobre este escenario.
el transporte escolar
El gran caballo de batalla de la patronal. Los empresarios creen que el nuevo plan condena a la desaparición al transporte escolar, en el que la Xunta se gasta 120 millones de euros al año. Acusan al Gobierno de intentar ahorrarse parte de este dinero convirtiendo estas líneas en transporte regular, con prioridad para los estudiantes, pero con la idea de rentabilizar su penetración en las zonas rurales y optimizar unos autobuses que en muchos casos van vacíos. Los empresarios valoran positivamente experiencias como el Tes+Bus, donde viajeros contados aprovechan las rutas escolares. Pero rechazan un aprovechamiento masivo de estas líneas por parte de los usuarios regulares, pues creen que abaratará lo que les pagan por alumno transportado. Además piden compensaciones por las líneas deficitarias.
el plan de transporte
Retirada no, cambios sí. La Xunta defiende que el plan, y su primera fase que debe estar en marcha en agosto, es la única salida legal a la situación creada hace un año. Admite que es mejorable y está dispuesta a retocarlo, pero no a retirarlo como pretenden los sindicatos y la patronal, pues los servicios jurídicos nunca lo aceptarían. Los empresarios, en cambio, creen que ese plazo puede ampliarse un año.