El modelo de financiación les restó 1.400 millones respecto a la media estatal en 10 años
11 abr 2017 . Actualizado a las 08:42 h.Los alcaldes gallegos están convencidos de que los concellos de la comunidad están discriminados respeto a los del resto de España. La denuncia en forma de clamor lanzada ayer por la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) contra el «aldraxe» en el trato económico pone el acento en el modelo de financiación por el que el Gobierno reparte el dinero dedicado a la Administración local y que ha hecho que los ayuntamientos gallegos hayan recibido 1.400 millones de euros menos que lo que les correspondería según la media estatal por habitante entre el 2004 y el 2014.
El sistema de reparto de los ingresos del Estado entre los ayuntamientos hace que los consistorios de la comunidad reciban por cada habitante 194,94 euros, mientras que la media estatal se sitúa en 243,52. Es decir, 48,58 euros menos por persona, la mayor diferencia registrada en perjuicio de los concellos gallegos en este siglo, lo que evidencia que la brecha se agranda.
«Madrid trátanos de xeito discriminatorio», advierte Alfredo García, presidente de los alcaldes gallegos y regidor de O Barco, para reclamar un sistema de reparto que no otorgue un peso tan decisivo al volumen de población de cada municipio, sino que tenga en cuenta el coste de los servicios que están obligados a prestar los ayuntamientos y que en el caso de Galicia se disparan por la dispersión de los núcleos habitados, la cantidad de entidades existentes (la comunidad gallega reúne al 50,86 % de las de España) y el envejecimiento generalizado del censo que eleva el coste de los servicios sociales.
Menos que Murcia o Málaga
Para demostrar que el modelo del Estado para repartir con los ayuntamientos parte de los ingresos obtenidos por IRPF, IVA e impuestos a los hidrocarburos, alcohol y tabaco es injusto con las necesidades y especificidades de Galicia, la Fegamp señaló ayer que los 200 concellos gallegos de menos de 5.000 habitantes, que suman 440.615 vecinos, reciben al año 16,7 millones de euros menos que la ciudad de Murcia, cuyo censo es de casi mil residentes menos. El movimiento de los alcaldes gallegos, que cuenta con el apoyo unánime de todos los partidos con representación en los órganos de gobierno de la Fegamp (PP, PSOE, BNG, Tega y los integrantes de En Marea) advierte que la discriminación que denuncian afecta también a las ciudades de la comunidad. Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo y Pontevedra, que suman 924.018 habitantes, recibieron en conjunto 8,3 millones de euros menos que Málaga, que tiene 357.105 vecinos menos.
Los regidores gallegos, que harán llegar sus demandas al Gobierno central y a la Xunta, consideran además injusto que el modelo de reparto no tenga en cuenta que los ayuntamientos de la comunidad son los que menos deuda arrastran de toda España en los últimos cuatro ejercicios. En el caso gallego la deuda pública municipal por habitante se sitúa en 57,71 euros, por 163,97 en el conjunto del Estado.
«Todos os habitantes teñen recollida de lixo, alumeado, abastecemento e cada vez máis saneamento, pero aquí custa máis dar eses servizos a todos os pobos e sen embargo percibimos menos cartos para facelo», plantea el presidente de los alcaldes gallegos, perteneciente al PSOE, para recalcar que Galicia cuenta por ejemplo con 41.000 kilómetros de carreteras locales y provinciales o 26.000 kilómetros de alumbrado público municipal.
«Os axentes de desenvolvemento local na maioría de Galicia son os concellos», advierte el vicepresidente de la Fegamp y alcalde de Cervo, Alfonso Villares (PP), que ve justamente en los concellos un dique contra la despoblación del rural, postura compartida por su compañero de cargo y regidor de Carballo, Evencio Ferreiro (BNG), que reclama la transferencia a la Xunta de los ingresos del Estado a repartir entre los concellos para primar la dispersión a la hora de establecer la financiación municipal. El socialista Manuel Mirás, tercer vicepresidente del organismo municipal y alcalde de Oroso, incide incluso en la erradicación «da cultura da subvención dirixida» para dar más autonomía a los concellos en el gasto
Más autonomía económica y poco apoyo a las fusiones locales
Los alcaldes gallegos remitirán al Gobierno central cien propuestas para cambiar el modelo de financiación con medidas que plantean otro sistema de tributación, distinta forma de participar en los ingresos del Estado, y para modificar también el ámbito de las actuales competencias municipales.
Financiación local
IBI actualizado. La actualización de la ponencia de valores que determina el valor catastral de los inmuebles para calcular el IBI es la primera reivindicación, dado que se trata de la mayor fuente de financiación municipal. Reformular el impuesto de circulación como otro de carácter medioambiental; revisar el impuesto de plusvalías y vincularlo al IRPF para no hacerlo pagar a quien se le haya depreciado el bien a vender, o ajustar cada cinco años el modelo de reparto de los ingresos del Estado resume el capítulo dedicado a la financiación local, en el que se reclama computar en el sistema de reparto la superficie de los municipios, el número de entidades de población que reúne y el envejecimiento de su censo.
Gasto y gestión
Uso del superávit. Los alcaldes asumen que deben aprobar los presupuestos en plazo, es decir, antes de que comience el año para el que son diseñados. El rechazo a no poder dedicar el superávit más que a reducir el déficit es general entre los alcaldes gallegos, que piden más libertad para usar una partida que en Galicia bloqueó el año pasado 100 millones. Plantean fijar una barrera de endeudamiento para que el concello que no la alcance pueda usar los ingresos no previstos.
Competencias
Ninguna sin dinero. Los ayuntamientos no quieren desempeñar más competencias que no lleven aparejadas partidas económicas suministradas, en el caso gallego, por la Xunta con fondos del Estado.
Planta local
Mejor, cooperación que fusión. Los alcaldes gallegos consideran ajustado el mapa de concellos de Galicia, e inciden más en establecer medidas para compartir gastos, servicios y compras que en fusionar ayuntamientos.