A Coruña, Ferrol, Lugo y otros 80 ayuntamientos incumplieron el límite legal para pagar a proveedores
11 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las cuatro diputaciones, las mancomunidades y los 313 concellos gallegos pagaron en el 2016 facturas por 468 millones de euros, pero dejaron sin abonar 172 millones. La cantidad, siendo importante, se reduce respecto a los años anteriores, cuando rondaba los doscientos millones y, además, la media de días de pago en todas las Administraciones locales entra por vez primera en el rango legal -30 días- que fijó el Ministerio de Hacienda a través de una ley de morosidad. Atendiendo a esa media, los ayuntamientos acabaron el ejercicio pasado abonando sus facturas a 29,5 días, aunque hay 83 entidades que se van más allá. Algunas lo hacen por un margen estrecho de tiempo, y con un buen mes de gestión -con liquidez por el ingreso de impuestos y con el personal adecuado- podrían corregir la ilegalidad, pero también hay ejemplos escandalosos, como Laxe, que paga a 404 días, Pontedeume, a 317, y el más llamativo, el ourensano de Os Blancos, que alcanza los 1.009.
En las grandes ciudades el comportamiento de las Administraciones locales es dispar. Santiago, por ejemplo, acabó el año debiendo un millón de euros en facturas más que A Coruña, pero a diferencia de esta paga dentro de los límites legales. Se pasa en tres días, mientras que Ferrol se va en total a los 45, y Lugo a los 108. Pontevedra es el mejor ejemplo de gestión y solo necesita una jornada para saldar sus deudas con los proveedores. Sus vecinos de la Diputación también son buenos pagadores, y de hecho solo debía 75.000 euros, muy lejos de los 4,2 millones pendientes de abonar en la institución provincial lucense, que además saca adelante las facturas quince días por encima del tiempo establecido. Vigo, por su parte, se dejó facturas impagadas por 12 millones, pero tan solo necesita dos semanas para afrontarlas, como le ocurre a Ourense.
Mejor con los pequeños
A pesar de que pueden parecer más atractivos como clientes por sus presupuestos, los ayuntamientos más grandes son menos recomendables para hacer negocios y cobrar puntualmente que los medianos o pequeños. De hecho, los de las siete ciudades acabaron el ejercicio debiendo 1,5 millones más de lo que habían pagado, mientras que los de reducido tamaño suman 96 millones de deuda en facturas y sin embargo movieron casi cuatrocientos millones, ya en los bolsillos de los proveedores.
Cinco concellos gallegos -A Pobra do Caramiñal, Folgoso do Caurel, Xermade, San Amaro y Catoira- también aparecen señalados en el informe del equipo Montoro por no firmar las facturas dentro del plazo legal.
En el inicio del 2017 -Hacienda solo ha computado hasta el momento el mes de enero en las capitales de provincia- A Coruña había corregido su desviación y ya estaba pagando a tiempo, Ourense se pasó ligeramente del mes y el resto se mantuvieron en los límites. Con todo, el esfuerzo de los ayuntamientos gallegos ha sido notable, ya que entre el 2011 y el 2015 la media de pagos en España estaba instalada por encima de los cien días.
Retención e intereses
Los concellos, con los pagos al día o no, sostienen que el principal motivo para retener las facturas es la falta de ingresos, y denuncian defectos en la redacción de la ley que dificultan el abono de las de diciembre, que deben quedar para el año siguiente, y que distorsionan la media total. Descartan, eso sí, el más mínimo beneficio municipal al dilatar las entregas porque el dinero en las cuentas hace tiempo que no les reporta ingresos extraordinarios por los intereses bancarios.
La digitalización de trámites permite a la Xunta aspirar a cumplir el Plan 10
La agilidad del pago tiene mucho que ver con la liquidez de las arcas, pero también con la rapidez de la gestión. La Xunta tiene en la actualidad 17.000 proveedores y en el 2016 tramitó más de 600.000 facturas, y sin embargo logró pasar de los 26 días de media en el 2016 a los 15 con los que cerró febrero. La clave ha sido que un 78 % siguieron el cauce digital, una tendencia creciente que le ha permitido ponerse el reto del Plan 10, que consiste en pagar a diez días. El cumplimiento en la Administración autonómica es, sin embargo, irregular. La mayoría de los entes se mueven en marcos legales del mes, pero algunos se pasan y empeoran la media, como es el caso de la Axencia Galega de Sangue e Órganos (60) o la Fundación Cidade da Cultura (39).