Bruselas concluye que el accidente del Alvia no se investigó «de forma apropiada»

Cristina Porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

GALICIA

Mónica Ferreirós

El informe avala la teoría de las víctimas y cuestiona que solo se culpe al maquinista

08 jul 2016 . Actualizado a las 07:15 h.

«El accidente del tren de alta velocidad ocurrido el 24 de julio del 2013 en las inmediaciones de Santiago de Compostela, que ocasionó 80 muertes y 152 heridos, todavía no ha se ha investigado de forma independiente como requiere la Directiva de Seguridad Ferroviaria». Es la conclusión demoledora a la que llegó la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) en su informe sobre el siniestro de Angrois. Cinco meses después de concluir el texto, ayer por fin el documento vio la luz. Se abren las puertas a retomar desde cero las investigaciones sobre el trágico accidente.

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El documento lo encargó la Comisión Europea a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) tras la reunión que mantuvieron sus responsables el 17 de noviembre del 2015 con las víctimas y la portavoz del BNG para Europa, Ana Miranda, quienes exigieron entonces que se estudiasen las irregularidades en las pesquisas llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el accidente del Alvia. Aportaron información sobre la mala praxis del Ministerio de Fomento a la hora de organizar el cuerpo de investigación y Bruselas se comprometió a estudiar el caso.

Tras ocho meses de tediosa burocracia, presiones políticas y silencio institucional, ayer las autoridades europeas entregaron el texto que echa por tierra el trabajo de la CIAF.

Bruselas admite en ese informe que la investigación que llevó a cabo el organismo tutelado por Fomento «no fue independiente», a pesar de que la ministra española Ana Pastor insistió en múltiples ocasiones en que se había actuado conforme a las normas, ignorando las demandas de los damnificados que piden desde hace tres años que se repita el trabajo. El texto desbarata los argumentos del Gobierno y desacredita a la CIAF, asegurando que la composición de sus miembros, entre los que se encuentran la propia ADIF y Renfe, no se ajustó a la normativa europea porque son parte involucrada en el caso: «No ha sido investigado de forma independiente (...). La obligación de investigar el accidente no ha sido cumplida de forma apropiada», reza el documento. La CIAF rechazó ayer en un comunicado todas las acusaciones y recordó que se sometió a una «evaluación voluntaria» ante la ERA, cuyos responsables no mostraron en su momento «objeción alguna» al informe de los investigadores.

El varapalo para el Gobierno español es «un triunfo» para la Plataforma de Víctimas del Alvia, que ha tenido que acudir a las altas instancias de la Unión Europea en busca de respaldo a sus denuncias. El texto no solo da credibilidad a la información aportada por los afectados, también sugiere la necesidad de repetir la investigación y deja la puerta abierta a abrir un nuevo proceso de infracción a España por incumplir la actual normativa de seguridad ferroviaria: «Dada la naturaleza muy seria del accidente, la Agencia contempla una investigación que reúna los requisitos de independencia y que aborde como mínimo las deficiencias identificadas». Y no solo eso. Los expertos europeos muestran su estupor ante el cierre en falso del caso en el que tan solo se culpó del siniestro al maquinista, Francisco José Garzón Amo. «La investigación puso el foco de las responsabilidades en el conductor (error humano) sin haber identificado las causas subyacentes dentro de los organismos involucrados (ADIF, Renfe, Dirección General de Ferrocarriles)», concluye la ERA. «Tampoco se hizo un análisis suficiente sobre las decisiones que se tomaron en torno al diseño de la línea», añade.

Este paso hacia adelante de Bruselas añade presión a las autoridades españolas y gallegas, que defendieron en todo momento la investigación de la CIAF. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tumbaron en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Galicia las iniciativas para abrir una nueva investigación independiente. Ayer, antes de conocerse el contenido del informe, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, trató de salvar los muebles sin entrar a valorar la conclusión de Bruselas: «A pesares de que algunhas das vítimas crean que a miña posición é pasiva, podo asegurar que o que estou facendo é porque creo no Estado de dereito, porque creo que a política non pode ser unha política corrosiva para intentar buscar responsabilidades na Administración», aseguró acusando de forma velada a algunos partidos de «utilizar as mortes para facer política».

A partir de hoy se abre un nuevo camino para las víctimas. La Audiencia Provincial de A Coruña reabrió el caso el 28 de mayo y ahora la plataforma cuenta con el sostén de Europa.

Los afectados y el BNG piden las dimisiones de los responsables políticos

«Este informe deja claro que la ministra nos mintió en la reunión que mantuvimos personalmente con ella». Así de crudo se mostró ayer el presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez. Los afectados pudieron confirmar de mano de la Comisión Europea que el Gobierno español no veló, como se había comprometido, por la transparencia e independencia de la investigación de la CIAF. Ahora exigen la dimisión de la máxima responsable de Fomento, la ministra Ana Pastor: «Es triste tener que esperar tres años a costa de la lucha de personas que tienen que superar pérdidas de familiares y que luchan con sus propios recursos (...). No podemos esperar más. Tienen que depurarse responsabilidades políticas», reclamó Domínguez.

Un informe «demoledor»

A la demanda se sumó la responsable del BNG para Europa, Ana Miranda, quien acompañó y respaldó las denuncias de las víctimas en estos tres años de ardua pelea institucional en la que han tenido que remar casi en solitario. Ayer celebraba con la plataforma el apoyo de Bruselas: «

O informe é demoledor. Agardo que sexa un paso decisivo para esclarecer a verdade e as responsabilidades políticas e xurídicas, por respecto ás vítimas e ao conxunto da sociedade galega. A señora ministra despois deste informe debería dimitir de inmediato e con ela todos os responsables de seguridade ferroviaria española», aseguró. El alivio de las víctimas tras haber recibido el capote de la Comisión Europea contrasta con la sensación de desamparo institucional que han sufrido durante todo este tiempo: «Ha habido un abandono institucional absoluto. También por parte del Partido Socialista y el Partido Popular. Solo nos han apoyado algunas formaciones como el BNG», lamentó una de las portavoces de la plataforma, Teresa Gómez-Limón, quien arremetió contra la estrategia del Gobierno español de esconder la verdad bajo la alfombra de la CIAF. A pesar del éxito alcanzado, las víctimas anuncian que tendrán nuevas reuniones con las autoridades europeas.

Reproches al Gobierno español por intentar silenciar a los damnificados

El documento de la Agencia Ferroviaria Europea confirma que las voces de las víctimas fueron silenciadas en el informe de la CIAF. Alegan que no se incorporaron testimonios. Tampoco comentarios de los afectados, ni siquiera se les escuchó durante el transcurso de las investigaciones. La sombra del Gobierno español se extendió más allá y llegó a presionar a la Comisión Europea, según fuentes de Bruselas consultadas por La Voz, para evitar que el informe de la ERA, hoy ya en manos de las víctimas, saliera a la luz pública antes de las elecciones generales del pasado día 26 de junio. «As presións foron brutais. Aquí quedaron escandalizados con todas as informacións que aportamos dende o pasado mes de novembro», aseguró Miranda.