Educación crea la figura del inspector universitario, que podrá cerrar centros
GALICIA
Serán funcionarios del grupo A y las multas llegarán a los 300.000 euros
28 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Una de las novedades de la nueva ley del sistema universitario de Galicia que entró en vigor hace más de dos años es la creación de un cuerpo de inspectores propio. Dos años después la Consellería de Educación ya tiene el borrador del decreto que regula esta figura, y que básicamente se encargará de comprobar si los centros que imparten estudios universitarios lo hacen con las condiciones de calidad necesarias.
El equipo de inspección estará compuesto por funcionarios de la Consellería de los grupos A1 y A2, y habrá un jefe de equipo, aunque en el proyecto de la Xunta no se recoge el número de funcionarios que ejercerán en estas funciones. Sus competencias serán impedir actividades docentes universitarias no autorizadas; vigilar los requisitos y condiciones a la hora de crear o reconocer universidades y centros; o garantizar que estos cumplen los requisitos para impartir enseñanzas «en especial das que o sexan conforme a sistemas educativos estranxeiros». También tratarán de evitar que se utilice el término universidad, título universitario oficial o con validez en el territorio nacional de forma confusa.
El fin último es garantizar que los alumnos reciban una enseñanza universitaria y no sean engañados al obtener un título que no está homologado o no tiene validez oficial. El decreto recoge que los inspectores podrán entrar en los centros, incluso sin un aviso previo, cuando aprecien indicios de irregularidad, y pedir documentación, registros o todos los datos que precisen para realizar su trabajo.
Si advierten una situación «de perxuízo grave para as persoas usuarias», el titular de la Consellería podrá tomar medidas provisionales «consistentes no peche do centro ou na suspensión da actividade exercida». Las sanciones, que ya se recogen en la propia ley de universidades, irán de leves a muy graves, con multas de entre 300 y 300.000 euros. Además, los casos más graves pueden conllevar al cierre de la escuela o el centro, así como a la suspensión de actividades. Por ejemplo, una infracción muy grave es publicitar a los futuros alumnos que existe autorización para dar una titulación universitaria cuando no la hay.
Proliferación de estudios
La Xunta aprecia que en los últimos años hay una proliferación de centros que tienen cabida en el espacio europeo de educación, pero asegura que hay que hacer una distinción clara entre aquellas que tienen carácter universitario «respecto daquelas que aínda sendo superiores son impartidas por centros non universitarios», para lograr que se respeten los derechos e intereses de los estudiantes.