«Prestige», el macroproceso terminó en microcondena

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Paco Rodríguez

El tribunal absuelve a los tres acusados de los delitos más graves, cuestiona las informes periciales para probar los cargos y apunta a responsables ajenos a la causa del «Prestige». Solo se abonarán 151 millones de los 4.328 que había calculado el fiscal. Toda la información sobre la sentencia, aquí

14 nov 2013 . Actualizado a las 13:54 h.

¿Es posible conocer la verdad? ¿Se puede dilucidar qué pasó realmente con el Prestige cuando el objeto de la investigación descansa en medio del océano a 4.000 metros de profundidad? ¿Las grandes expectativas deben necesariamente traer grandes condenas, o simplemente valorar los hechos probados con mesura y equilibrio? Muchas preguntas surgieron ayer tras la lectura de la sentencia del Prestige, en la sala noble del Tribunal Superior de Xustiza, en A Coruña, y muchas otras se dejaron atrás en la larga marcha de diez años de instrucción y ocho meses de macroproceso. Pero quizás la frustración sea no poder responderlas, y si no pueden responderse, las acusaciones contra los dos principales acusados, el capitán Apostolos Mangouras y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, se quedan sin sustento. Y qué decir del jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, libre desde ayer de toda culpa. Quizás nunca debió sentarse en el banquillo de los acusados, pues ni siquiera la Fiscalía le pedía cuentas.

El macroproceso, la causa estelar e histórica terminó ayer con una microcondena explicada en 283 folios: nueve meses de cárcel para Mangouras por desobediencia grave, por negarse a tomar remolque a las seis de la tarde del 13 de noviembre del 2002, cuando todavía había luz para hacerlo. Un delito menor que no conlleva responsabilidad civil y que deja sin pagador la controvertida y astronómica reclamación de la Fiscalía: 4.328 millones de euros. El Estado español tampoco pagará más de lo que ya ha desembolsado, unos 1.000 millones de euros.

El tribunal no ha encontrado consenso técnico sobre las dos controversias fundamentales del caso Prestige, en las que se basaban las acusaciones más graves -los delitos medioambientales- contra Mangouras, y López Sors. Ni el fallo estructural en las entrañas del buque ni la decisión de alejar el petrolero han tenido respuestas unánimes o solventes por parte de los peritos -los informes fueron «imprecisos», se alega en la sentencia-, ni se han probado las bases que sustentaban las peticiones de penas ni por tanto la responsabilidad civil, el pago de los daños. Cuando algo no se acredita, previene la sentencia, «carece de toda relevancia probatoria en un juicio penal».