El único cargo implicado en el «Prestige» protesta por la «falta de atención» del Gobierno al no pagarle los gastos de 8 meses de juicio e insinúa que en el accidente siguió instrucciones
16 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Cargó en solitario con la decisión de alejar el Prestige y ahora espera más solo que nunca la sentencia, prevista para la primera quincena de noviembre. José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante en el Gobierno de Aznar del que Mariano Rajoy era vicepresidente, no se siente arropado por un Ejecutivo que, por otra parte, es del mismo color que aquel que avaló el alejamiento del petrolero como una estrategia defensiva legítima. En un escrito remitido el pasado 29 de mayo al secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, López Sors, jubilado ya como miembro del cuerpo de ingenieros navales del Estado, le recrimina «la falta de atención que estoy recibiendo de este ministerio».
El motivo de la protesta del exresponsable de Marina Mercante es aparentemente económico, aunque eso es solo la punta del iceberg. Sí es verdad que recrimina que desde el 1 de octubre del 2012 -el juicio finalizó en la segunda semana de julio del 2013- estuvo «corriendo con todos los gastos» de manutención, viajes y estancia en A Coruña, pues, aunque López Sors es de origen gallego, su domicilio familiar está en Madrid.
Pero en el fondo de la protesta, revestida de reclamación económica, hay mucho más. «Se ha visto muy solo en un juicio muy largo y eso aumentó el sentimiento de cabeza de turco. Él asumió todo el peso de la decisión y ahora tiene la sensación de que los suyos le han abandonado», comenta una persona que trabajó codo con codo con él.
El primer párrafo de la carta, de hecho, contradice de alguna manera la estrategia que él y la Abogacía del Estado siguieron durante la vista. López Sors nunca apuntó hacia arriba en la cadena de mando respecto a la decisión de enviar al petrolero a alta mar. Ni hacia el exsubsecretario de Fomento, Adolfo Menéndez -que ni siquiera fue citado-, ni hacia el que era entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, que sí declaró como testigo. Pero en la carta explica que está acusado por haber intervenido en la gestión del accidente del Prestige como director general de la Marina Mercante, «en defensa de los intereses generales del Estado, siguiendo las instrucciones recibidas del Gobierno a través de los órganos directivos del Ministerio de Fomento». Si efectivamente López Sors quiso decir lo que dice en este párrafo, su escrito al secretario de Estado va más allá de una mera reclamación económica. Estaría reconociendo que fue un eslabón inferior en la cadena de mando a la hora de tomar las decisiones. Quizás esto explicaría las declaraciones del presidente de la sala, Juan Luis Pía, quien al terminar el juicio admitió que faltaban responsables en el banquillo.
Esa sensación de soledad frente al tribunal se refleja en sus halagos a los letrados de la Administración, en contraste con lo que denomina «otras instancias». «Debo decirle -asegura en la carta- que el trabajo de la Abogacía del Estado está siendo magnífico, incluso con la notoria falta de ayuda y comprensión por parte de otras instancias, por lo que en caso de éxito, como espero, todo el reconocimiento para ellos será escaso».
«Sin justificantes»
López Sors asegura que sus desembolsos se los abonaron durante la preparación del juicio, desde junio a septiembre, a cargo de Salvamento Marítimo. Después, ni un euro para los «cuantiosos gastos» que soportó durante la vista y que perjudicaron sus «escasos ingresos como jubilado». Asegura que hay un compromiso incumplido para abonarlos. Desde Fomento se aduce que esos gastos no fueron justificados en ningún momento. López Sors cree que solo hay que aplicar un baremo.