Realizaron los trámites en plazo 34 de los 58 municipios con plan general
18 sep 2013 . Actualizado a las 21:11 h.El procedimiento habilitado por la reforma de la Ley de Costas para regularizar centenares de aldeas tradicionales en las que están asentadas miles de viviendas ha tenido una acogida desigual entre los 87 municipios afectados en el litoral gallego. El primer plazo establecido por la norma para los 58 concellos que cuentan con plan general (PXOM), y que por tanto ya tienen delimitados los núcleos que pueden beneficiarse del nuevo marco, ha sido aprovechado por un total de 34. Esos ayuntamientos cumplen los requisitos de consolidación edificatoria, accesos y servicios que les permite solicitar la rebaja de la zona de protección de costas de los 100 metros previstos en la ley original a los 20 que permite su reforma, un proceso que normalizará la situación de hasta 4.500 viviendas levantadas junto al mar.
Municipios con plan general
Los 34 municipios con plan general que cumplimentaron los trámites ante el Ministerio de Medio Ambiente en el plazo establecido, que expiró el 31 de agosto, son: Ares, Boiro, Camariñas, Carballo, Cedeira, Fene, Ferrol, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica, Miño, Mugardos, Muros, Outes, A Pobra do Caramiñal, Ribeira y Sada, en la provincia de A Coruña; Cervo y Xove, en la de Lugo; y, en la de Pontevedra, Baiona, Catoira, Gondomar, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Nigrán, Poio, O Rosal, Sanxenxo, Soutomaior, Vigo, Vilanova de Arousa y Vilaboa. Este último municipio está tramitando su plan general de ordenación, que ya tiene la aprobación inicial desde diciembre pasado.
Esto no implica que los 24 concellos restantes que tienen PXOM y que no han solicitado a Medio Ambiente la reducción de la zona de protección dejen sin solventar su problema. Al menos, no en todos los casos. Hay municipios que ya tienen reconocida esa franja a 20 metros desde la línea interior de la ribera del mar. En esa tesitura están, por ejemplo, Moaña y algunos núcleos de Poio. El caso más singular es Combarro, donde el ministerio ya había rebajado la zona de servidumbre con anterioridad por la consolidación edificatoria. Pero entre esos 24 municipios con plan general también hay algunos que no podrán favorecerse de la reforma legal, porque no acreditan el cumplimiento de los requisitos de consolidación, accesos y servicios que se les exige.
Concellos sin planeamiento
Menos apremiante es la situación de los 29 concellos sin planeamiento, porque disponen de dos años para deslindar los asentamientos y elaborar en paralelo su PXOM. Hasta ahora, solo 10 de esos municipios han remitido a Medio Ambiente la solicitud para reducir la zona de protección, tal como aconsejaron tanto el ministerio como la Xunta. Se trata de Arteixo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Mañón y Neda, en la provincia de A Coruña; Foz y Viveiro, en Lugo; y Cangas, A Guarda y Oia, en Pontevedra. Entre los 19 que todavía no han realizado ningún trámite figura Bueu, cuyo plan general ya se encuentra en un fase de elaboración avanzada.
Con todo, los concellos que han solicitado la reducción de la zona de protección deberán esperar al 2015 para ver reconocidos sus núcleos costeros, ya que el Ministerio de Medio Ambiente tiene 18 meses para pronunciarse. Más complicado es precisar cuántas viviendas podrán beneficiarse finalmente de la vía que abre una ley que el PSOE ha recurrido al Constitucional. La Xunta, que en principio cifraba en 12.500 las que pueden legalizarse, se muestra ahora más cauta. La secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, asegura que un porcentaje elevado de las 4.500 edificadas en los concellos con PXOM estaría «en vías de regularización».
La dispersión, un obstáculo
La elevada dispersión edificatoria que caracteriza el urbanismo gallego es también uno de los principales factores que limitará el número de viviendas en situación alegal que puede superar la criba que abre la reforma, que condiciona la regularización a que formen parte de un núcleo. En cualquier caso, la norma establece un régimen de fuera de ordenación singular para las casas que no puedan legalizarse. Sus propietarios podrán hacer reformas para su mantenimiento y mejor accesibilidad.