Juzga «desproporcionadas» las medidas necesarias para restaurar la legalidad
03 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el mismo que hace más de once años -en diciembre del 2001- dictó la primera sentencia que obligaba a demoler parte del edificio Conde de Fenosa, en A Coruña, por considerar ilegal la licencia otorgada para reconvertir en edificio residencial la antigua sede de la eléctrica gallega, dio ayer marcha atrás en su decisión y declaró inejecutable el derribo. Acepta así el último cartucho judicial del Ayuntamiento coruñés que, tras una maraña de recursos desestimados una y otra vez en distintas instancias, Tribunal Supremo incluido, optó por argumentar que era imposible ejecutar la sentencia por causas materiales.
La sala acepta la argumentación de los peritos municipales y dictamina que la demolición parcial de la parte rehabilitada «dejaría la estructura del edificio en una situación en la que resultaría inútil» para devolver el inmueble -que cuenta con un centenar de viviendas- al estado en el que se encontraba antes de las obras. Pero no solo eso, sino que determina que la sentencia dictada es «desproporcionada» para el fin que se persigue: la restauración de la legalidad urbanística. El fallo incluso relativiza la gravedad de las infracciones cometidas, subrayando que no existe invasión del dominio público, de la propiedad de terceros o un exceso de aprovechamiento.
Por otra parte, el tribunal desestima también la pretensión de la comunidad de vecinos y del denunciante de recibir sendas indemnizaciones por el daño moral y las remite a un proceso posterior. En cualquier caso, la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso primero ante el propio TSXG y posteriormente ante el Supremo, como explicó el alcalde, Carlos Negreira, que se felicitó por un fallo que, asegura, aporta «tranquilidad» tanto a los vecinos del edificio como a la hacienda municipal, que se enfrentaba a una indemnización que se llegó a cifrar en 40 millones. El regidor achacó el cambio de criterio del tribunal al giro argumental imprimido por el nuevo equipo de gobierno, cuya autoría intelectual le disputó ayer el BNG.
Por su parte, el denunciante, Valentín Souto, no quiso entrar ayer a valorar un fallo que asegura no haber leído con detalle, pero da casi por seguro que el culebrón judicial continuará. «No nos vamos a quedar así», aseguró. Souto explica que esperaba que el fallo pudiese ser contrario a sus intereses, no en vano ya en su escrito de conclusiones había deslizado una queja al trato del tribunal por eliminar buena parte de las preguntas que entendían clave para poder defender sus tesis.
¿Y en qué situación queda ahora el edificio? Fuentes municipales reconocen que, pese a suspender el derribo, la sentencia no legaliza el inmueble, por lo que este queda en una situación de «alegalidad» que tendría que solventarse con una posterior licencia. Esta se tramitaría con el nuevo plan general que entrará en vigor este mes, aunque los cambios forzados en el documento por la Xunta recortan el margen de maniobra.