El Concello podrá defenderse en un juicio señalado para enero del 2014
02 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Concello de Pontevedra tendrá que responder ante la Justicia por haber decidido burlar el pasado mes de noviembre la normativa estatal compensando a sus trabajadores con un complemento de productividad por la supresión de la paga extra de Navidad. Ayer trascendió el recurso presentado por la Delegación del Gobierno en Galicia, para cuya vista en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ya hay fecha: el 23 de enero del 2014.
El conflicto viene de la aprobación del Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, por el que el Gobierno central obligaba a «reducir el gasto de personal de las Administraciones públicas» eliminando la paga extra del mes de diciembre. Desde que se conoció esta normativa, el bipartito pontevedrés (BNG-PSOE) comenzó a buscar una fórmula que permitiera «manter o nivel adquisitivo aos traballadores municipais».
Dieciséis horas en mes y medio
Tras consultas con los servicios jurídicos y con los representantes sindicales, se tomó la decisión: los trabajadores del Concello, tanto funcionarios como laborales, tendrían que alargar su jornada en un total de dieciséis horas a realizar entre el 16 de septiembre y el 30 de octubre, para poder cobrar un complemento de productividad que se abonaría con la nómina de noviembre. La decisión se transmitió por los canales internos del Concello y la inmensa totalidad de los trabajadores cumplieron. De hecho, cobraron el plus 474 de 480 empleados que tenían opción a hacerlo.
Antes de hacer efectivo el pago, el Concello fue cubriéndose las espaldas siguiendo al pie de la letra las instrucciones de los jurídicos. Así, en el mes de septiembre se aprobó una modificación de crédito para dotar de fondos el citado complemento de productividad. No se recurrió a un préstamo para cubrir los 760.000 euros de la operación, sino que se emplearon fondos propios del Ayuntamiento.
A todo esto, desde la Administración central se advirtió en reiteradas ocasiones al gobierno local de Pontevedra de la ilegalidad que supondría intentar burlar el decreto ley. Pese a ello, el Concello siguió adelante con sus planes e hizo efectivo el pago de la productividad con la nómina de noviembre, abonada a finales de dicho mes. Los trabajadores cobraron aproximadamente el 80 % de lo que hubieran percibido de tratarse de la extra de diciembre.
Son los argumentos que emplea del gobierno local en su defensa: no se abonó una paga extra sino un complemento de productividad; no lo cobraron todos los trabajadores; no se pagó en diciembre; la cuantía era inferior a la de una extraordinaria; y no se utilizó la partida presupuestaria destinada a la paga extra.
Sin embargo, el recurso presentado por la Abogacía del Estado solicita que se anule la resolución municipal por la que se ordenó el abono del complemento de productividad y que «se condene al Concello de Pontevedra a recuperar las sumas indebidamente abonadas a los perceptores adoptando cualquier medida que fuese necesaria para proceder a su reintegro a la hacienda municipal».
Lores: «Insubmisos e rebeldes»
El recurso insiste en que la voluntad del gobierno local era «anular los efectos del decreto ley» y para ello se basa en declaraciones del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), a diversos medios de comunicación, entre ellos La Voz de Galicia, en los que no ocultó el ardid del gobierno local. «Tomamos conscientemente unha decisión de oposición, de insubmisión e de rebeldía diante da decisión de suprimir a paga extra», declaraba el alcalde a este periódico el 30 de noviembre, cuando también afirmaba: «Se alguén me pregunta se Pontevedra está a pagar a extra, respondo que politicamente si, e administrativamente, non».
Ayer, el portavoz del gobierno local, Raimundo González (BNG), afirmó que el recurso de la Delegación del Gobierno en Galicia responde «a unha decisión estritamente política».