El paracaidismo no será lo que fue

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Salvo el plazo del AVE y un eventual acuerdo sobre rebajas en la AP-9, los aterrizajes electorales gubernamentales no podrán excederse en alardes

28 ago 2012 . Actualizado a las 09:36 h.

El presidente Feijoo sin duda se ve legitimado para que el Gobierno central le agradezca con algún tipo de contrapartida no haberles hecho pasar por el mal trago de dos episodios electorales sucesivos con un país en la cuerda floja. De ahí que ahora tenga ya el camino despejado para que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, verbalice el plazo del AVE que no anunció una vez aprobados los Presupuestos, como estaba previsto. Ahora se medita si el lugar adecuado es un acto de partido como el que el sábado celebrará el PP en Soutomaior y todo indica que el criterio técnico se ajustará para que el plazo del 2018 que defendió Feijoo sea el cuarto que se ofrece a los gallegos en diez años. Que Galicia sea prácticamente la única comunidad en la que se mantiene la obra pública en niveles similares a los años de bonanza -con su consiguiente efecto en el empleo- es probablemente la gran baza electoral del Gobierno central en Galicia. Pero poco más, cuando el país está en un agujero económico tan profundo y los recortes son lo que los ciudadanos leen con lupa. Quizás por ello la primera en visitar Galicia fuera la ministra de Fomento, Ana Pastor, que defendió ayer en Ourense las inversiones en el AVE y continuará hoy con su agenda en la comunidad. Es posible que Fomento acelere en los próximos días sus negociaciones con Audasa para ofrecer al numeroso electorado del sur de Galicia una eventual rebaja en el tramo Vigo-Pontevedra, que sería un logro si se hace sin contrapartidas económicas. Pero ni siquiera el ministerio con más músculo inversor podrá lanzarse a la piscina publicitaria, pues la simple mención de una mejora en Galicia genera resquemores en otros territorios con las inversiones en barbecho.

Y es que el aterrizaje de ministros y la práctica del paracaidismo gubernamental -no es el caso de Ana Pastor, que es diputada por Pontevedra- no podrá desplegarse, por razones obvias, con los alardes de otras épocas. No solo por la crisis, sino por los rigores de la reforma de la Ley Electoral que pactaron PP y PSOE, y que limita sensiblemente los actos propagandísticos una vez publicada la convocatoria electoral. Aún así, Feijoo quizás espera alguna noticia positiva sobre el sector naval y lácteo. De hecho, el Ministerio de Agricultura también se movilizó ayer prometiendo la mejora de una depuradora en O Barco.

Pero el ritmo electoral casi estará más marcado por lo que los ministros no digan que por lo que prometan en clave electoral. Dicho de otra manera: que los nuevos recortes, si los hay, se anuncien después del 21-O.