Si se suma la deuda de las diputaciones, la factura mensual se duplica
06 sep 2011 . Actualizado a las 12:06 h.Los 315 ayuntamientos gallegos deberán devolver a partir de enero del 2012 casi 3 millones de euros al mes a las arcas del Estado. Un nuevo golpe a los municipios, en plena crisis, que ven así menguada cada vez más su participación en los ingresos del conjunto del país. La factura mensual es la consecuencia de las liquidaciones negativas del 2008 y del 2009, cuando el Estado les transfirió unos fondos sobre una previsión recaudatoria trucada por la recesión. Los municipios empezaron a reingresar a comienzos de este año la liquidación negativa del 2008 -lo harán hasta diciembre del 2015-, pero a partir de enero se sumará, además, la del 2009, con un plazo de amortización también de cinco años. Solo las siete grandes ciudades, por ejemplo, tendrán que afrontar hasta finales del 2016 una factura mensual de 1,53 millones de euros. Casi un millón se corresponde con Vigo y A Coruña, mientras que el resto de las urbes tendrán que abonar entre 114.000 y 168.000 euros cada una.
A la deuda mensual de las siete ciudades se suma la del resto de los municipios, que asciende a 1,40 millones. Concellos como Ames, Boiro, Ribeira o Culleredo tendrán que devolver cada 30 días cantidades que oscilan entre los 25.000 y los 35.000 euros, y Cangas, que pasa graves apuros económicos para pagar servicios y nóminas, afrontará una factura de casi 25.000 euros. Mondoñedo tendrá que pagar 3.500 euros, una cantidad en apariencia pequeña, pero que resulta relevante en un ayuntamiento que acaba de lanzar un plan de recorte -para ahorrar 35.000 euros- con el que garantizar nóminas y servicios.
A partir de enero del 2012, las cuatro diputaciones tendrán que devolver al Estado casi 3,2 millones al mes como consecuencia de las liquidaciones negativas. Es decir, que el conjunto de la Administración local gallega pagará durante los próximos cinco años cada mes 6,17 millones para saldar una deuda global con el Gobierno de 370 millones de euros, cantidad que ilustra el desplome de los ingresos por la crisis. La factura de las diputaciones, ahora más cuestionadas que nunca, pone en jaque a una Administración que también oxigena las maltrechas haciendas locales. A las devoluciones al Estado se suman, además, otras amenazas. Hasta 30 ayuntamientos que no han liquidado los presupuestos del 2010 podrían ver retenidos los ingresos del Estado a partir del octubre -como consecuencia de la Ley de Economía Sostenible-. Algunos concellos donde se ha producido un cambio de gobierno han pedido la mediación de la Xunta ante el Estado para ganar tiempo. «Nosotros también estamos a favor de la transparencia; hemos hecho un decreto que vincula las subvenciones a la claridad de las cuentas locales y en ese sentido los municipios deben liquidar sus cuentas», revela Norberto Uzal, director xeral de Administración Local.