Los cargos de la Xunta imputados por desvío de poder actuaron tras las denuncias del PP
GALICIA
Dicen que ordenaron inspeccionar Unións Agrarias cuando el caso saltó a la prensa
23 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Abandonaron el papel de denunciados al salir del juzgado para ejercer de denunciantes ante la prensa. Los dos altos cargos de la Xunta que ayer declararon ante una jueza en Santiago como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa por desvío de poder, con motivo de las inspecciones ordenadas en sedes del sindicato Unións Agrarias señaladas por el PP en la supuesta trama agraria, aseguraron a los periodistas que «as investigadas son as asociacións» que, aseveraron, incurrieron en «incumprimentos graves e irregularidades» en el uso de subvenciones. Solo cuando se les recordó que habían visitado al juez como imputados, los altos cargos reconocieron esa condición, aunque replicaron que el objetivo de Unións Agrarias es «tratar de involucrar á Xunta no seu conxunto».
La imputación afecta al director xeral de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida, y al director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada, encargado de atender a la prensa a la salida del juzgado. Sin aludir en ningún momento al PP, Bouzada explicó que cuando Promoción do Emprego «tivo coñecemento polos medios de prensa de que pode haber presuntos incumprimentos e irregularidades nos requisitos e condicións polos que se rexen estas subvencións», ese departamento ordenó «unhas comprobacións» a funcionarios de la Consellería de Traballo.
Subvenciones en cuestión
Bouzada aludió así a las informaciones que, en junio del 2010, recogieron la denuncia en la que el PP implicó a una red de 30 sociedades que, del 2006 al 2008, captaron, al parecer, 1,6 millones de euros en subvenciones para contratar a 160 trabajadores que, según los populares, «en numerosos casos non desempeñaron o labor para o que teoricamente foron contratados». El PP situó al frente de ese supuesto entramado al PSdeG.
Al final, canalizó la denuncia como una ampliación de la querella abierta en el Juzgado de Corcubión sobre el caso de la agente electoral María Isabel Blanco, que semanas antes de las elecciones municipales del 2007 viajó a Argentina con un billete que pagó la Xunta para supuestamente hacer campaña para el PSOE. En ese procedimiento está imputado el alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto.
Colaboración «normal»
En su relato ante los periodistas, el director de Avaliación e Reforma Administrativa precisó que, en vista de los «incumprimentos dos requisitos» por las asociaciones que solicitaron la subvención, Traballo decidió abrir diligencias preliminares y recabar la colaboración de su departamento, una cooperación de Presidencia que presentó como un «proceso normal». «Rematado o traballo, elaborouse o pertinente informe, constatando algúns incumprimentos importantes, graves, e irregularidades no trato da subvención».
Bouzada, que enfatizó la disposición a colaborar con la Justicia, insistió en que «a Xunta foi a que actuou en cumprimento da normativa», con una «investigación» para evaluar el uso de ayudas. Ante la insistencia de la prensa sobre la causa abierta por ese supuesto delito de desvío de poder que motivó su visita al juzgado, el alto cargo admitió: «Como imputados nos citaron e como imputados vimos declarar».