La puesta en marcha de la Axencia de Protección da Legalidade ha disparado las sanciones y las órdenes de derribo
28 nov 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El control reglado y sistemático de los abusos urbanísticos todavía está en Galicia en plena alborada. La docilidad de los gestores que toleraron el crecimiento caótico del país bajo la máxima del «ti vai facendo», que ha poblado el territorio de miles de construcciones sin licencia a las que ahora se les busca acomodo legal, dio paso a un nuevo escenario con la creación de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU). Su puesta en marcha, hace dos años, ha propiciado un refuerzo de la labor de inspección que ha multiplicado las sanciones y las órdenes de demolición.
Pese a que la agencia todavía tiene margen de crecimiento en el ejercicio de sus competencias de disciplina urbanística, sus resultados ya son significativos. Desde que Galicia asumió esas competencias, en 1980, hasta que la Axencia de Protección da Legalidade comenzó su actividad, 28 años después, en esta comunidad solo se ejecutó una demolición, en Folgoso do Courel. En los últimos tres años, los derribos de viviendas y naves levantadas en suelo rústico superan el medio centenar, y hay pendientes otros 200. En paralelo, las sanciones que hasta hace un lustro sumaban un importe anual de 200.000 o 300.000 euros en toda Galicia, computan ahora por varios millones.
La abulia administrativa sobre lo que acontecía en el territorio se traducía en una carencia de medios personales y materiales para desempeñar siquiera una gestión de mínimos en ese ámbito. Las prioridades eran otras. La Xunta no prestó atención a la disciplina urbanística hasta que, en 1999, aprobó el primer reglamento al respecto y comenzó a tramitar expedientes de reposición de la legalidad. Aunque la dotación de los técnicos y los recursos necesarios para ejercer con solvencia esas competencias no llegó hasta que echó a andar la Axencia de Protección da Legalidade.
Investigación sistemática
Este organismo, que cuenta ya con 48 concellos adheridos, posibilitó la realización por vez primera en Galicia de una investigación sistemática de las obras que se ejecutan en la comunidad, para desempeñar el que es su cometido prioritario: comprobar que disponen de la licencia preceptiva y de la autorización autonómica. Además, cuenta con los medios para tramitar los expedientes y ejecutar las órdenes de demolición, una tarea sujeta a un complejo procedimiento administrativo y judicial.
Pese al consenso que debe arropar la actuación de un órgano que el bipartito activó como una de las tres herramientas jurídicas esenciales para ordenar el territorio, junto a las directrices y al plan del litoral, la disputa política también ha salpicado a la APLU. La decisión que Feijoo adoptó en marzo para relevar al director que había pilotado el órgano desde su constitución, Hipólito Pérez Novo, y colocar en su lugar a María Martínez Allegue, coincidió con el acuerdo que la Xunta suscribió con el concello, los promotores y la Diputación de Lugo para dar cobertura legal a 54 promociones urbanísticas en el municipio lucense de Barreiros. De nuevo, las Administraciones moldearon el marco legal para guarecer los despropósitos urbanísticos.
Nuevos inspectores
Ese relevo en la Axencia de Protección da Legalidade contribuyó a dilatar la incorporación a ese órgano, con más de un año de retraso, de cinco inspectores y 12 subinspectores urbanísticos que obtuvieron sus plazas por concurso-oposición entre marzo y abril del 2009. El urbanismo gallego precisa de la independencia de la agencia, porque tiene en ella a sus mejores guardianes.