Los plazos del AVE y la toponimia entran en el juego político

El acuerdo con el PNV para la alta velocidad vasca resta firmeza al pacto del Obradoiro


madrid/LA VOZ.

Cuando un gobernante está en minoría, buscar alianzas con otros partidos para garantizarse la mayoría y la estabilidad no solo es políticamente lícito, sino que constituye una exigencia de responsabilidad. En ese sentido, nada tiene de extraño que Zapatero llegue a un acuerdo con el PNV que le asegura, junto al alcanzado con Coalición Canaria, los votos suficientes para seguir gobernando.

Por extraño que resulte que el Gobierno de España quede en manos de un partido nacionalista, ni Zapatero es el primero que lo hace ni probablemente será el último. Y esos apoyos, naturalmente, tienen un precio. Basta recordar la frase de Xabier Arzalluz en 1997 tras firmar un acuerdo por el que el PNV se comprometía a apoyar al PP, que había ganado las elecciones con solo 156 diputados. «Aznar ha hecho más por nosotros que el PSOE en 13 años», dijo el entonces líder del PNV. Dejaba claro así que su apoyo al PP se hizo a cambio de importantes cesiones al País Vasco. Y eso que Aznar ni siquiera necesitaba los votos del PNV, ya que con CiU y Coalición Canaria sumaba los 176 necesarios.

Que el PP se rasgue las vestiduras por el hecho de que el PNV arranque concesiones a Zapatero es por tanto un acto de cinismo político. Ahora bien, que negociar apoyos a cambio de cesiones políticas sea legítimo no debería permitir a un Gobierno incluir en esos acuerdos el cumplimiento de cuestiones que no pueden depender de su voluntad política. Y el pacto de Zapatero con el PNV contiene al menos dos de esas cuestiones.

En el acuerdo, el Gobierno se compromete a cumplir los plazos previstos para la construcción del AVE al País Vasco. ¿Quiere esto decir que si no hubiera habido pacto se habría retrasado la llegada de la alta velocidad a esa comunidad? Al incluir ese aspecto en el acuerdo, el Ejecutivo reconoce que los plazos de llegada del AVE a las distintas comunidades dependen de su interés político. Y si para que el Gobierno cumpla la fecha que prometió el PNV ha tenido que pagar el precio de apoyar medidas económicas que hasta hace dos días rechazaba, inquieta pensar en la fragilidad que tiene por ejemplo el compromiso de que el AVE llegue a Galicia en el 2016, por el que nadie ha pagado nada. Su cumplimiento, queda claro ahora, estará en función del interés político del Gobierno.

La otra cuestión que sorprende encontrar en un pacto político es el cambio de la toponimia de las provincias vascas. La Ley 2/1998 estableció la nueva denominación de las provincias gallegas de La Coruña y Orense, que pasarían a llamarse desde entonces A Coruña y Ourense. Entre lo motivos para el cambio la ley señalaba que los topónimos de A Coruña y Ourense gozaban de «plena aceptación popular por parte de los ciudadanos, que los usan a diario» y también que ambas denominaciones «aparecen ya escritas de esta forma en documentos que datan del siglo XIII». Motivos muy similares se citaban en la Ley 2/1992, que estableció el cambio de nombre de las provincias de Lérida y Gerona por los de Lleida y Girona.

Si en el caso de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava se dan circunstancias análogas, cosa bastante dudosa, lo que resulta incomprensible es que no se hubieran cambiado hasta ahora por Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. El que haya habido que pagar un precio político por ello indica que incluso la toponimia forma parte de la subasta política.

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