La aprobación de la declaración de impacto ambiental del acceso por alta velocidad a Vigo y Pontevedra sitúa ahora la pelota en el tejado del Ministerio de Fomento, que deberá aclarar cuáles son sus planes concretos para esta obra, valorada en unos 1.500 millones de euros y que afecta a una importante masa crítica de potenciales usuarios.
Mientras los proyectos permanecen -a veces dormidos, otras directamente moribundos- en el negociado de Medio Ambiente, quizás no sea necesario dar muchas explicaciones. Pero está claro que el visto bueno medioambiental obliga al departamento de José Blanco a actuar. Por un lado, licitando proyecto y obra conjuntamente como se comprometió en el pacto del Obradoiro. Por otro, aclarando cómo se financiará este tramo y si finalmente se articulará algún tipo de colaboración público-privada que atenúe los recortes presentes y sucesivos en el ministerio.
El desafío económico de Blanco con el AVE gallego se agravará con la entrada en juego de este nuevo acceso, necesario para no condenar a tantos usuarios a dar un engorroso rodeo hacia Santiago para después virar de nuevo hacia el sur (Ourense). Pero implicará que las astronómicas licitaciones previstas -cerca de 4.700 millones- para el acceso común desde la Meseta se eleven a más de 6.000 millones en los próximos años. En este contexto, Fomento debe aclarar cuál es el plazo real que maneja para esta conexión. Si es que maneja alguno.