Madrid empuja a la Xunta a entablar una negociación sobre las cajas, pero acentúa el sucursalismo del socialismo gallego
31 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Durante cinco años, el PSOE estuvo agarrado al compromiso de que el AVE uniría Galicia con Madrid en el año 2012. El PPdeG nunca se creyó la fecha, ni tampoco algunos socialistas. El protocolo firmado en el Obradoiro por Núñez Feijoo y José Blanco, a modo de gran acuerdo institucional entre los dos grandes partidos, puso fin a la fantasía y retrasó en tres años el calendario ferroviario gallego: 2015. Una negociación de este calibre, que evite señalar a los derrotados, es uno de los escenarios que está intentando buscar el Gobierno de Zapatero al blandir la amenaza del recurso de inconstitucionalidad (todavía no se sabe por qué motivos) contra la ley gallega de cajas.
Solo en este contexto tiene sentido la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de trasladarle al Consejo de Estado la posibilidad de recurrir, una maniobra que incluso los adversarios del PSOE en Galicia creen «inteligente» y tras la cual ven la mano de Blanco. El Ejecutivo central -y así se desprende del artículo 161 de la Constitución- tenía la opción de presentar el recurso sin pedirle permiso a nadie, pero eso empujaría a Feijoo a cabalgar contra Madrid con el estandarte galleguista, dejaría a Pachi Vázquez a los pies de los caballos y podría arruinar electoralmente al PSdeG durante años.
Interés de Estado
Al cubrirse las espaldas con el dictamen del Consejo de Estado, el PSOE intenta disfrazar con un supuesto «interés de Estado» lo que es una decisión política, al tiempo que le da satisfacción a quienes, como la cúpula de Caixanova, Abel Caballero, parte de la CECA y algún banco deseoso de ganar terreno, quieren que fracase la fusión gallega.
El debate sobre el futuro de las cajas acaba de entrar en una fase nueva, a la cual la Xunta llega con la pólvora mojada, toda vez que el Gobierno central se niega a señalar cuáles son los «indicios» de inconstitucionalidad, privando con ello a Galicia de la capacidad de defender su posición con argumentos. «Lo que hacen es indecente», señala un dirigente del PPdeG, en línea con lo expuesto día atrás por el conselleiro Alfonso Rueda, quien se quejó de que Madrid no pidiera ninguna aclaración sobre la ley antes de blandir la amenaza del recurso.
Pero el giro dado a los acontecimientos desde Madrid no está tampoco exento de riesgos para el PSOE. De un lado, le permite al BNG extender en el tiempo su alianza estratégica con el PP gallego en materia de cajas y llevar a Madrid el discurso que apunta hacia los socialistas como los «agresores do autogoberno galego», recado que ya lanzó ayer el portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez.
De otro lado, si se impone la solución negociada, con un PP y un PSOE repartiéndose la dirección de las cajas renovadas a expensas del cupo que se le reservaría al BNG, quien va a pilotar este diálogo -al igual que ocurrió con el AVE- es Madrid, al ritmo que dicte José Blanco. Y eso acentuaría mucho más el sucursalismo del PSdeG y dejaría a su líder gallego fuera de escena. Eso ya sucedió con el pacto del Obradoiro.