Los accidentes provocados por animales que invaden la calzada no son excepcionales. La abundante fauna salvaje, el elevado número de reses de la cabaña ganadera y la disposición de unas vías con deficientes cercados hacen el resto. Al peligro para la vida del conductor hay que añadir la escasa responsabilidad que, en la mayoría de los siniestros, muestran las propietarias de las carreteras. Las garantías legales, en estos casos, presentan ambigüedades que dejan a los usuarios sin cobertura real. Sin embargo, la reciente decisión del Tribunal Supremo de exigir una indemnización a Fomento, titular de la vía, tras el accidente que sufrieron en la A-6 en Lugo unos jóvenes al tratar de esquivar un zorro que invadió la calzada, abre las puertas a sentencias análogas.
Aunque la Ley de Seguridad Vial responsabiliza del mantenimiento y buen estado de las carreteras a los titulares, existen divergencias en su evaluación. Se alega que no hay responsabilidad por mero riesgo, sino que solo les es exigible en supuestos en los que se aprecie culpa o falta de diligencia. He aquí la ambigüedad. En el 2003 un conductor que circulaba por la autopista AP-9, a su paso por Cambre, punto negro habitual de paso de animales, denunció haber sufrido un percance en su automóvil al arrollar a un perro. El propio accidentado presentó posteriormente pruebas gráficas de canes en la autopista que une Vigo con Baiona. En el 2001 un conductor mató a un joven en la AP-9 al evitar el impacto contra un jabalí, también en Cambre. Se presentó denuncia y reclamación de indemnización. La misma autopista fue denunciada en 1998 por un usuario que impactó con una piara de jabalíes a su paso por Pontevedra.