Manuel Rodríguez respira tranquilo; el Catastro ha reparado el error por el cual le reclamaban el IBI de fincas que no eran suyas
07 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Dicen que todo el mundo tiene derecho a sus quince minutos de fama. Manuel Rodríguez Rodríguez tuvo varios meses, aunque muy a su pesar. Tras publicarse su historia en La Voz el pasado 7 de agosto, se interesaron por el caso medios de comunicación escritos y audiovisuales de todo el país. El motivo de tanto interés era que Manuel Rodríguez había pasado, de manera virtual, de agricultor a terrateniente. Un error del Catastro le asignaba propiedades en 45 municipios de la provincia ourensana que no le correspondían y los ayuntamientos afectados comenzaban a requerirle el pago del IBI. Cuando el pasado 15 de noviembre el organismo dependiente del Ministerio de Economía dio una respuesta convincente, la atención mediática en torno al caso desapareció, pero La Voz ha querido interesarse por si la solución prometida se ha hecho efectiva.
Y así ha sido. «Agora xa podo durmir polas noites tranquilo», dice Manuel Rodríguez, que confirma que ya no ha recibido ninguna carta más de los concellos que le exigían el IBI. Además, Hacienda le ha ingresado por fin el dinero que le correspondía de su declaración de la renta, y que le había sido retenido a causa de los supuestos impagos.
Diez viajes a Ourense
El agricultor ourensano se reunió hace unos días con un representante de la Agencia Tributaria y otro del Catastro, que se desplazaron desde la capital de la provincia hasta las oficinas de Hacienda en O Carballiño, más cerca de la vivienda del afectado. Este detalle ejemplifica el cambio de actitud de la Administración respecto a este caso, ya que, desde que comenzó el problema, Rodríguez tuvo que viajar hasta en una decena de ocasiones desde su parroquia de Barcia, donde trabaja en el campo, a Ourense en un particular vía crucis ante diversas instituciones para presentar reclamaciones de todo tipo.
Llegados a este punto es necesario recordar que, aunque el caso fue publicado en La Voz por primera vez el pasado 7 de agosto, los problemas comenzaron un año antes. Por aquel entonces, Manuel Rodríguez recibió la primera factura, en la que el Concello de Castrelo de Miño le reclamaba más de mil euros por una finca valorada en millón y medio de la que nunca había oido hablar. El afectado presentó una reclamación ante el Catastro y ya entonces le dijeron que el error tenía su origen en un cruce de bases de datos que había asignado su DNI a los de otras personas con su mismo nombre, Manuel Rodríguez Rodríguez, que es muy común.
Esa respuesta lo tranquilizó, pero para su sorpresa a principios de verano comenzaron a llegarle cartas de otros ayuntamientos, reclamándole también el IBI de otras fincas que no eran suyas. Él fue presentando reclamaciones por cada uno de los requerimientos de cobro recibidos hasta que en agosto una empleada decidió ir más allá y descubrió que a nombre de Manuel Rodríguez había propiedades en nada menos que 45 municipios de la provincia ourensana. Fue entonces cuando el afectado se dio cuenta de la verdadera magnitud del problema y decidió denunciar el caso ante la opinión pública.
El Catastro se apresuró a confirmar que el error tenía el origen citado -un cruce de datos con su DNI- y a asegurar que el problema ya había sido subsanado. Nada más lejos de la realidad, pues días más tarde Manuel Rodríguez volvió a recibir las mismas facturas contra las que ya había reclamado, pero con amenazas de embargo en caso de no hacer efectivo el pago. Por si fuera poco, Hacienda le retuvo la devolución que le correspondía por su declaración de la renta y le reclamó mil euros a mayores por el alquiler de varias de las propiedades que se le asignaban erróneamente y que en realidad cobraban otros.
Solución final
Volvió el tema a la primera plana de los periódicos y a los programas de televisión y fue entonces cuando llegó por fin la solución. Tuvo que intervenir desde Madrid el mismísimo director general del Catastro, que se puso en contacto con el afectado telefónicamente y que ordenó paralizar todos los cobros a los concellos implicados y a la Agencia Tributaria. Esa solución ha sido finalmente la efectiva y Manuel Rodríguez ya puede dormir tranquilo. Sin embargo, ahora está valorando la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el error, que calcula en unos 600 euros gastados en gasolina, teléfono y abogados.