El plan integral del litoral, con el que el Gobierno gallego debe delimitar los ámbitos de protección para la ordenación urbanística de la costa, entrará este mes en la fase decisiva para su futura aprobación con el inicio del trámite para la evaluación estratégica ambiental. El director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje, anunció ayer que ese documento preceptivo servirá de referencia en la redacción por parte de su departamento del informe de sostenibilidad ambiental, que finalmente será sometido a información pública al mismo tiempo que el propio plan integral del litoral.
Urbanismo dispone de poco más de siete meses para presentar esa planificación, de acuerdo con el calendario que impone el plazo de vigencia de la norma que, desde el 17 de mayo del 2007, restringe la construcción en 3.000 hectáreas de suelo urbanizable situadas a menos de 500 metros del mar. Ese plan integral del litoral, que llegará con más de cuatro años de retraso sobre la fecha que estableció la ley urbanística 9/2002, será la verdadera piedra angular de la ordenación urbanística pendiente en la parte más frágil del territorio gallego. Para ello, delimitará cinco zonas diferenciadas de actuación, con el propósito de atender las especificidades de cada una de acuerdo con su orografía y ocupación. Esos espacios se corresponderán con A Mariña lucense, la Costa Ártabra, la Costa da Morte, las rías Baixas y las islas.
Preservar el núcleo tradicional
Además de esa arquitectura inicial, que el presidente de la Xunta esbozó a raíz de la aprobación de la ley de los 500 metros, las directrices de ordenación del territorio, que en la actualidad se encuentran en fase de exposición pública y presentación de alegaciones, determinan que el plan del litoral limitará la construcción en la costa para primar los núcleos tradicionales. El futuro marco general para el desarrollo urbanístico del país establece también que esa ordenación de la franja litoral deberá configurar un sistema de recorridos peatonales para comunicar faros, paseos marítimos, espacios naturales y sendas costeras; habilitar espacios turísticos dinámicos frente al modelo de la segunda residencia; y articular la fachada marítima gallega por medio de sistemas de transporte colectivo.
El plan integral del litoral, que el anterior Gobierno del PP ya dejó pendiente, es una de las medidas que los promotores han reclamado con más insistencia en los últimos meses para buscar una alternativa ante la crisis económica que está afectando especialmente a ese sector. Aunque Touriño ha recalcado en varias ocasiones que ese documento estará listo antes de que, el 17 de mayo próximo, expire el período de dos años de vigencia de la ley de los 500 metros, el adelanto de las elecciones autonómicas a marzo obligaría al Gobierno bipartito a hacer un esfuerzo añadido si quiere cumplir en esta legislatura con el que ha sido uno de sus compromisos con mayor calado político y social. Esa posibilidad de adelantar el documento antes de los comicios parece remota, porque la propia complejidad técnica del plan obligará a apurar los dos años de plazo para su presentación.
El plan integral del litoral completará las herramientas jurídicas impulsadas por la Xunta para poder ordenar el desarrollo de Galicia, junto a las directrices del territorio y a la ya constituida Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.