Ricardo Pérez Lama, el abogado que representa a Manuel Bouza, es el mismo letrado que se ocupó del caso de Maruchi, aquella niña de Vilalba violada y asesinada por un preso en un permiso carcelario. La Administración fue condenada a indemnizar a la familiar de la pequeña, en un proceso de responsabilidad patrimonial. En Ferrol existe otro antecedente. Un detenido que se suicidó en un calabozo de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía: el Ministerio del Interior fue condenado porque los detenidos deben ser desprovistos de cualquier objeto, cinta, cinturón o cordones para evitar que se puedan ahorcar. La familia de otro joven, que se quitó la vida en el depósito de detenidos del Concello de Ferrol, también ha demandado al Ayuntamiento. En el caso de Oliver, su abogado invoca el artículo 215 del Código Civil, que indica que en los casos de desamparo de menores, la entidad pública con competencias «deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda».