Dos hermanos a los que les tocó una moto en un sorteo reciben el premio doce años después
GALICIA
Antonio y Juan Insua son hermanos y el 25 de agosto de 1990 fueron con unos amigos a la discoteca Party, de Carral. Aquella noche regalaban una rifa por cada copa consumida para participar en el sorteo de una moto Honda CBR 600, valorada en 4.800 euros. Antonio y Juan se habían hecho con un puñado de papeletas. Una muchacha metió la mano en un saco y cogió un número. Sus cuatro cifras coincidían con una de las rifas de los hermanos. Eufóricos por el premio, gastaron 250 euros en invitar a sus amigos. «Sabes que cuando te toca algo, todo el mundo es amigo», se lamenta Antonio. Cuando salieron del local, el propietario de la discoteca les dijo: «Mañana hablamos». Importada Al día siguiente, Antonio y Juan se personaron en la discoteca, y el dueño les dijo que la moto era importada y había que pasar los trámites de aduanas y la matriculación. Ese mismo día, viajaron con la moto hasta el concesionario donde fue comprada para cubrir los papeles. Pasó un mes y los premiados decidieron acudir al concesionario para interesarse por cómo iban los trámites. Pero iban igual que el primer día. Antonio y Juan deciden llevarse la moto a su casa. Cansados ya de tener moto y no poder más que mirarla, a los treinta días vuelven con ella al concesionario dispuestos a meter prisa. Allí les informaron de que lo mejor es que fueran ellos directamente a una gestoría. Y allí se fueron. Nada más llegar y presentarse como los propietarios de una moto que fue vendida en el concesionario María Pita, el empleado de la gestoría les dijo que no quería saber nada del asunto, que esa tienda les debía mucho dinero y que lo sentían mucho. De nuevo con la moto a cuestas para casa. Y muy enfadados. Sólo les quedaba acudir a la Justicia. Cosa que hicieron. Enviaron al dueño de la discoteca un requerimiento notarial, donde se le daba el plazo de 15 días para matricular la moto. Pero nada cambió. Luego lo denuncian. Y la discoteca, a su vez, denuncia al concesionario, lo que provocó la paralización del proceso judicial. Primero se celebró el juicio entre la discoteca y el concesionario. El juez le dio la razón al primero. Y al fin, el pasado verano, le llegó el turno a Antonio. El juez obliga a la disco a abonar el importe de la moto, más los intereses. Total: 12.000 euros.