Libra la mili por ser idiota

Jorge Lamas Dono
jorge lamas VIGO / LA VOZ

FIRMAS

Los numerosos conflictos que vivió España a finales del siglo XIX alentaron los intentos de evitar el servicio militar obligatorio, y disparó la existencia de prófugos

26 feb 2014 . Actualizado a las 06:00 h.

Se llamaba José Prado Costas, medía 1,56 metros de altura, vivía en Coruxo y alegaba ser idiota para no cumplir el servicio militar a finales del siglo XIX. Es una de las muchas alegaciones que se hacían entonces para evitar la realización de la mili, en una época en la que España estaba inmersa en constantes conflictos internos, como la Guerra Carlista, y externos, como las guerras de Cuba y Marruecos. La vía más habitual para evitar este cumplimiento era demostrar que el mozo elegido en el sorteo era el único sustento para una madre viuda. Cuando no se obtenía la libranza legal no quedaba más remedio que acudir a filas o no presentarse en la caja de reclutas.

Fue el camino elegido por Alfonso Coca Lafuente, Francisco Vázquez Domínguez, José Martínez Sequeiros y Luis Conde y Vázquez, por lo que fueron declarados prófugos por la corporación de Vigo el 6 de febrero de 1873. Pertenecían al reemplazo del año anterior y no llegaron a presentarse con el resto de los quintos a su entrega en la caja de reclutas. El Ayuntamiento certificaba en aquel pleno que «se ausentaron del país con pretexto de adquirir medios de subsistencia para el porvenir», aunque no los excusaba «porque sería un ejemplo seguido por muchos, causando perjuicio para el Estado».

En 1873, en el mismo mes que se proclamaba la Primera República Española, el servicio militar tenía una duración de ocho años, cuatro de ellos en activo. A este período de larga duración se le añadían la posibilidad de ser destinado a alguna de las zonas de conflicto bélico activas entonces, por lo que era muy habitual la existencia de prófugos.

Pagar los gastos

Los cuatro prófugos vigueses mencionados fueran condenados por la ley de 1856 a pagar los gastos de sus búsquedas y a la indemnización de 250 pesetas anuales a la parte proporcional del tiempo que sirviesen los respectivos suplentes. «Y se recomienda al señor presidente procure desplegar la mayor actividad para la captura de dichos prófugos».

En el pleno del 13 de febrero, el mismo en el que se lee un telegrama del presidente del «poder ejecutivo», indicando que no se altere la normalidad en los ayuntamientos «para salvar ante todo la República y el orden», se da cuenta de la designación de dos sustituto a otros dos prófugos del sorteo del año anterior. Se trata de José Rodríguez Jordán, que ocuparía el puesto de Marcial Carsi y Puig, y de Ramón Iglesias, sustituido por Andrés Jordán Moure.

Estos jóvenes eran elegido porque habían obtenido en el sorteo de quintos el número siguiente al del prófugo. Y en ocasiones surgían reclamaciones, como la que elevó al Concello de Vigo José Martínez Moledo, vecino de Santiago de Vigo. Decía que su hijo, Joaquín Martínez Iglesias, había ingresado en la cala de reclutas porque no se había presentado la persona a la que le había tocado hacer el servicio por sorteo, un tal Juan do Campo Fernández, vecino de Castrelos. En su reclamación, José Martínez pedía al alcalde que apremiara al padre de Juan do Campo «bien a la presentación de su hijo o a la sustitución que ofreció».

Algunos de estos prófugos no huían tras el sorteo sino que vivían desde tiempo atrás en el extranjero, porque las leyes permitían emigrar a los menores de diecisiete años. Es el caso de Raimundo Serantes y Blaco, número 9 del reemplazo de 1872. El Ayuntamiento de Vigo se daba por enterado aquellos días de que había fallecido este quinto en la isla de Cuba el 4 de junio de 1871. En otros casos, las corporaciones sabían perfectamente el paradero de sus prófugos. Así lo constataba la corporación de Vigo al inicio de aquel año republicano de 1973. «Manuel Molero Díez, número 15, ausente en La Habana; Evaristo Viéitez Posada, número 30, lo está en Buenos Aires; José Sanjurjo y Ramírez, número 51, en Inglaterra», se recoge en un acta municipal.

José Prado Costas, el mozo que alegó ser idiota, no resultó ser tan idiota como decía porque logró librarse de acudir al servicio militar. Aquel paisano del Concello de Bouzas se libró de ir a la guerra de Cuba porque, al mes siguiente, el médico José Casas Comesaña rubricaba un informe en el que le declaraba no apto para el servicio.

eran otros tiempos EneR0 1873