Lozano Orosa declara 120.000 euros de pasivo tras un fallo que en enero la obligó a pagar por daños en un edificio
25 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La crisis en el sector de la construcción sigue afectando a empresas de Vilalba. El último caso por ahora es el de Lozano Orosa, que ha presentado concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Lugo. El órgano judicial ha nombrado ya administrados para el proceso, cometido que recae en José Núñez Núñez.
Al administrador concursal le corresponde convocar una junta de acreedores con la finalidad de tratar de conseguir un convenio con los implicados, lo que supondría establecer un sistema de quitas y esperas. En caso de que esa propuesta no prosperase, la empresa debería entrar en proceso de liquidación.
La empresa en cuestión aportó información según la cual arrastra en estos momentos un pasivo de poco más de 120.000 euros. Por un lado, la cifra indica un volumen reducido, como fue también la actividad de la empresa en estos años pasados: levantó algún edificio en el casco urbano de la capital chairega, pero su ritmo de trabajo no estuvo ni por asomo cerca del que alcanzaron otras de la localidad y otras de fuera que se acercaron a Vilalba en los recientes años del bum del ladrillo.
Por otro lado, el concurso llega tres meses después de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilalba que obligaba a la firma a abonar algo más de 128.000 euros -exactamente 128.662,06- más el IVA vigente en el momento del pago y los intereses legales a una comunidad de propietarios de la calle Plácido Peña por una serie de fallos en la obra del edificio.
Largo litigio
La presentación del concurso, precisamente, no causó sorpresa a alguno de los residentes, aunque sin que de esa reacción se derivase ninguna medida concreta. El litigio entre los residentes y la promotora, que entregó las viviendas del inmueble en 1998, se arrastraba desde hacía años: en el 2004 comenzaron las reclamaciones, solicitadas mediante el envío de varios burofaxes. Tras una conciliación sin avenencia en el 2009, la demanda que desembocó en esa sentencia se interpuso en el 2011, trece años después de la entrega de los pisos.