El grupo municipal del PP aseguró ayer que, contrariamente a lo que sostiene el gobierno local, la reciente sentencia del Tribunal Supremo contraria a la tramitación del párking de Veteris «sí puede tener consecuencias muy graves para el Concello».
El pasado martes, al conocerse la sentencia que desestima un recurso del Ayuntamiento, tanto el concejal de Infraestruturas, César Mosquera, como el teniente de alcalde de Urbanismo, Antón Louro, restaron trascendencia al fallo y afirmaron que «nada vai cambiar» en lo que se refiere a la concesión a Veteris. Ayer, Jacobo Moreira y Ricardo Aguilar mantuvieron lo contrario.
En opinión de los concejales del PP las consecuencias del fallo pueden costarle al Concello nada menos de 4,7 millones de euros, que es la indemnización que habría que pagar a Veteris en el caso de que haya que extinguir la concesión y convocar un nuevo concurso. Según el gobierno local, esa circunstancia está cubierta por el convenio suscrito con la empresa, en el que se concretó esa misma cantidad (3,1 millones más IVA, más el resultado de la explotación) como precio de licitación de un hipotético concurso. De ganarlo cualquier otra empresa, el dinero se destinaría a indemnizar a Veteris y el Concello no se vería afectado.
Sin embargo, el PP introdujo ayer un nuevo factor en el asunto: la posibilidad de que, con el fallo del Tribunal Supremo en la mano, el estacionamiento subterráneo sea ilegalizable y no pueda salir a concesión. «Entones, el Concello tendría que abonar esos 4,7 millones a Veteris», insistieron Moreira y Aguilar.
Los dos concejales de la oposición responsabilizan de la situación a César Mosquera, y anunciaron que exigirán «responsabilidades políticas» por lo que consideran una «gestión absolutamente deficiente».
En este sentido, Moreira adelantó que presentarán sendos escritos en las comisiones de Urbanismo y de Infraestruturas -«porque ya no sabemos de quién es competencia»- para que se aclare cuántos procesos judiciales hay abiertos en relación con el caso Veteris, en qué estado se encuentran estos y qué consecuencias puede tener en caso de que los fallos sean favorables o desfavorables a los intereses que defiende el Concello.