Denuncia el «oscurantismo» del alcalde Hasta hoy, todas las resoluciones de los tribunales han sido favorables al Ayuntamiento
24 ago 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El PP de Cedeira ha salido al paso de lo que considera «oscurantismo» del alcalde de la localidad, Xoán Xosé Rodríguez, acerca del contencioso sobre las expropiaciones del paseo marítimo, y aclara que «no existe al día de hoy resolución alguna del Tribunal Supremo que obligue al Concello a devolver los terrenos afectados». Los populares de la localidad recuerdan que, «hasta el momento, todas las resoluciones dictadas han sido favorables al Ayuntamiento». Así, precisan que con fecha 21 de octubre de 1997 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXJ) dictó sentencia denegando a los afectados una licencia de obra que se pretendía sobre los terrenos. Posteriormente, y en sentencia de 23 de julio de 1998, el mismo tribunal resolvió dos recursos igualmente a favor del Ayuntamiento relativos a la iniciación de la expropiación y a la valoración de los terrenos, declarando conforme a derecho la decisión del pleno que la acordaba. Finalmente, el órgano provincial competente, en la determinación del justiprecio, desestimó las pretensiones económicas de los propietarios fijando el valor de los terrenos expropiados (de 6.000 a 7.000 metros cuadrados) en once millones de pesetas, más intereses y la tasación de arbolado. Los populares de Cedeira explican que ahora «se está a la espera de lo que resuelva el TSXG sobre el recurso presentado por los propietarios contendientes contra el ya señalado justiprecio, cuya sentencia, a tenor de la carga de trabajo del tribunal, podría recaer antes de las Navidades, y de cuyo resultado deberá informar el señor alcalde al Pleno». «Por el interés público» Los miembros del PP cedeirés manifiestan «en su totalidad y sin exclusión, antes y ahora, y a título particular, los mejores deseos para la familia contendiente». Explican que cuando asumieron la responsabilidad de decidir sobre la expropiación lo hicieron como representantes de la institución municipal, en defensa del interés público, lamentando, en todo caso, que los afectados no agotaran la vía amistosa. El PP considera que se trata de un «conflicto de intereses, el público y el privado, que se proyecta en el tiempo gobierne quien gobierne», y asegura no entender «que se pretenda derivar el mismo sobre una persona, máxime cuando las decisiones están hoy en manos de tres magistrados».