Asegura que este dinero pertenecía al dueño de Villafuel y reconoce que el presunto comisionista le habló del sobre de Delcy Rodríguez
30 ene 2026 . Actualizado a las 20:47 h.La causa por el presunto fraude fiscal de 180 millones de euros en la gestión de hidrocarburos, que se instruye en un juzgado de la Audiencia Nacional, finalizó este viernes la ronda de interrogatorios de los principales investigados, entre ellos el corruptor confeso Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas —propietario de la operadora Villafuel— o la empresaria Carmen Pano y su hija Leonor. Más allá de despejar las incógnitas sobre el entramado societario desplegado para no abonar el IVA o los 74 millones ocultos en el extranjero, los principales titulares se centraron en asuntos colaterales al procedimiento. Y todos ellos pivotaron en señalar la presunta financiación ilegal del PSOE, pero sin aportar pruebas. Lo hizo el jueves Aldama en su comparecencia judicial, cuando aseguró a preguntas del fiscal Luis Pastor que Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, le entregó documentación en 2020 sobre pagos de la petrolera nacional PDVSA al Partido Socialista y a la Internacional Socialista. Y este viernes se amplió el foco con la declaración de Carmen Pano, quien reiteró que llevó en mano a la sede de Ferraz dos bolsas con 90.000 euros provenientes de Claudio Rivas. Para Pano, el dueño de Villafuel, la operadora de hidrocarburos que aparece en el centro de la trama corrupta, está detrás de todas las empresas y de dar las órdenes de las operaciones fraudulentas. Su testimonio ante el juez instructor Santiago Pedraz , señalando estos presuntos pagos ilegales al PSOE, que ya se investigan en una pieza separada del caso Koldo , contradijo, no obstante, la versión dada 24 horas antes por De Aldama.
Este calificó de «mentira» la versión de Pano, con quien subyace un enfrentamiento soterrado por endosarse de forma mutua la responsabilidad del millonario fraude fiscal. No obstante, Pano —defendida por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez — indicó que Aldama sí le comentó que había recibido un sobre de PDVSA con «información sensible» en febrero de 2020, aunque dijo desconocer qué tipo de documentos iban en ese envoltorio. Además, Pano confirmó que en una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020 sobre la licencia de operador para Villafuel participó Juan Ignacio Díaz Bidart, quien era jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto. El aludido tenía que haber testificado el miércoles, pero su declaración se pospuso a otro día.
Testifical en el Supremo
En cualquier caso, en una comparecencia previa ante el juez del Tribunal Supremo que instruye otra parte del caso Koldo, afirmó que participó en esa reunión y que, aunque no recordaba con quién estuvo, asistió a petición de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Díaz Bidart declaró que el exasesor estuvo presente al principio del encuentro para presentarle a los empresarios y que luego se marchó, si bien Pano aseguró este viernes que estuvo durante todo la reunión y añadió que el ex alto cargo de Industria pidió que la documentación para la licencia se tratara con Koldo.
En suma, para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, policía judicial en la causa, tanto Rivas como Aldama eran los presuntos cabecillas de la trama, indicando que ambos «ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras». Y apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y en Transición Ecológica, entonces a cargo de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
Una infiltración que se habría realizado, según la UCO, a través de Aldama, «persona con acceso al entorno» de Ábalos, con la finalidad de «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos» y «todo ello a cambio de una contraprestación económica». La autorización se otorgó en septiembre de 2022 tras cumplimentar la fianza exigida. Esto es, 14 meses después de que Ábalos y Koldo abandonaran Transportes.