La solicitud a favor del ex fiscal general, condenado por revelación de secretos, ha sido presentada por dos particulares y también se consultará al Ministerio Público
28 ene 2026 . Actualizado a las 14:08 h.El Gobierno ha iniciado la tramitación de una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos y al pago de 17.200 euros entre la multa y la indemnización al perjudicado por su acción, el empresario Alberto González Amador. El Tribunal Supremo le consideró culpable el pasado noviembre por la filtración del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda por parte de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La solicitud de esta medida de gracia del Poder Ejecutivo para García Ortiz ha sido presentada por dos ciudadanos particulares, cuya identidad no ha sido publicada. El primer paso dado por el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha sido dirigirse al Supremo para que, como órgano sentenciador en este proceso, emita el informe preceptivo sobre si procede o no ?a su juicio- conceder tal medida de gracia, así como los argumentos que respalden su postura.
Después el Gobierno consultará al propio Ministerio Público, que ahora encabeza Teresa Peramato, y también al propio interesado si acata la petición, que supondría admitir la culpabilidad. De forma paralela, la nueva fiscala general ya optó por la interpretación más favorable para los intereses de su antecesor en el plano laboral, a quien mostró su «admiración, respeto, reconocimiento y agradecimiento» cuando tomó posesión de su nuevo cargo, al resolver que este siguiera formando parte de la carrera fiscal pese a su condena. Sin embargo, el abogado de González Amador ha recurrido esta decisión ante el alto tribunal, al sostener que como castigado por un delito doloso debería haber sido expulsado de la misma.
Mirando al Constitucional
Por su parte, el propio García Ortiz ha presentado un incidente de nulidad ante el tribunal juzgador pidiendo que se elimine la sentencia en su contra, al considerar que incurre en «múltiples y graves vulneraciones de derechos fundamentales». A su juicio, dicho fallo «secuestra» la posibilidad de que la Fiscalía emita comunicados o desmentidos institucionales «cuando la institución se ve gravemente atacada». Una vez que se resuelva dicha petición, apoyada también por el Ministerio Público, la Abogacía del Estado ?que ha ejercido en este caso la defensa del ex fiscal general- presumiblemente presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
En el caso del indulto, la ley permite que pueda ser pedido tanto por cualquier particular como por los propios penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Una vez recabados los informes preceptivos sobre la concesión de la posible medida de gracia, el titular de Justicia elevará una propuesta al rey ?que únicamente la puede firmar- tras la deliberación previa del Consejo de Ministros, órgano que tiene la última palabra en estos supuestos.
Un controvertido correo
Según consta en la sentencia que emitió la Sala de lo Penal del Supremo, fue el propio García Ortiz o «una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento» quien filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER un correo electrónico enviado el 2 de febrero por el abogado de González Amador. El destinatario directo de ese controvertido mensaje del letrado era la Fiscalía de Madrid y dentro del mismo ofrecía que su cliente pudiera reconocer los dos delitos fiscales por los que todavía se le está investigando a cambio de eludir una petición de pena de cárcel por parte del Ministerio Público.
La condena del alto tribunal fue suscrita por cinco de los siete magistrados que compusieron la Sala que juzgó a García Ortiz. Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer presentaron sendos votos particulares por su «discrepancia absoluta» con dicho fallo, al considerar que solo había meras sospechas en contra del entonces fiscal general y que, por tanto, debía ser absuelto.