El Supremo estudia este jueves los recursos a su reclusión, en la que a partir de ahora contarán con estancias individuales
14 ene 2026 . Actualizado a las 19:47 h.El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ya no son compañeros de celda. Ambos pasan a tener su propia estancia, individual, en la prisión madrileña de Soto del Real, un día antes de que el Tribunal Supremo decida si mantiene a ambos en la cárcel, donde permanecen desde el pasado 27 de noviembre.
El alto tribunal estudiará este jueves los recursos que presentaron contra su entrada en prisión provisional por riesgo «extremo» de fuga ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
La Sala de lo Penal ha convocado dos vistas para deliberar sobre ambos recursos: a las 10.30 horas abordará el de Ábalos y media hora después estudiará el de Koldo.
En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, Ábalos acusa al magistrado de hacer un «uso irrazonable del derecho» por enviarle a la cárcel con una «base de vaguedades y excusas procesales».
Su defensa pide al Supremo que ponga en libertad al exministro, al descartar que exista riesgo de fuga y sostener que, «ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de» la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, «tras su paso por un centro penitenciario».
Igualmente, Koldo pide al Supremo que lo deje en libertad y se ha ofrecido a pagar una fianza para poder salir de la cárcel. En su escrito, defiende que su incremento patrimonial está «justificado» por sus ingresos y se queja de que el auto de prisión provisional «asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo».
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.