Más de 40 leyes serán paralizadas y Sumar se quedará sin lanzar sus medidas estrella
09 nov 2025 . Actualizado a las 12:20 h.Un vacío legislativo. Es lo que, a priori, afronta el PSOE de Pedro Sánchez después de que Junts reiterara en los últimos días su ruptura con los socialistas. Si bien el jefe del Ejecutivo insistió hace dos días en gobernar hasta el 2027, la formación de Puigdemont prácticamente dinamitará, como afirmó ayer, todas las iniciativas legislativas de los socialistas, que se verían obligados a abonarse a los decretos ley como única forma de proyectar su agenda política. Aunque esto le supondría un problema.
Si el PSOE acude al Congreso sin propuestas ni iniciativas legislativas, corre el riesgo de dar la razón a la oposición, que ha acusado a Sánchez en repetidas ocasiones de aprobar medidas unilateralmente, sin pasar antes por el visto bueno del hemiciclo o no negociarlas directamente. En el caso del cambio de postura con el Sáhara, el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña o la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal son casos recientes en los que Junts, PNV, EH Bildu o Unidas Podemos han adelantado su negativa a apoyar tales proyectos.
Para el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, Sánchez ha sido quien «se ha cargado la legislatura», porque la formación catalana «ha cumplido» con su parte del pacto de legislatura. «Es paradójico que la presión sea para los que hemos cumplido y no para aquellos que no han cumplido», especificó en un evento en Vic. Además, insistió en que el presidente deberá de comparecer para explicar cómo piensa gobernar sin mayoría parlamentaria, algo que considera una «anomalía democrática».
Atasco legislativo
Unas 25 leyes tramitadas en el Parlamento y otras 21 que se encuentran en fase final recibirán el veto de Junts y quedarán en nada. Entre ellas, la ley de Familias, varias reformas de Salud, la Ley de Industria o modificaciones a la Ley Electoral. Pero además, las aspiraciones de Sumar en cuanto a la reforma laboral —su medida estrella— quedarían en un cajón definitivamente junto a la por ahora inexistente propuesta legislativa en materia de vivienda que pudiera plantear la coalición de Gobierno, una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía y reivindicada habitualmente por socios como ERC o Unidas Podemos.
Precisamente ayer, durante un viaje a Extremadura con motivo de las elecciones regionales de diciembre, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, aseveró que la «falta de respuesta» de Sánchez a la vivienda «va a terminar con este Gobierno» y no «Junts o la derecha. «Pedro Sánchez no tiene proyecto para España», remató.
A todo este contexto se suma el impulso del Partido Popular para presentar iniciativas parlamentarias. El pasado viernes, Alberto Núñez Feijoo prometió que llevará al hemiciclo en forma de proyecto de ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC y, además, añadirá un punto en el que se fije que la paga se realizará incluso en una situación de prórroga presupuestaria. De seducir a Junts, el PP podría empezar a suplir al PSOE en cuanto a victorias legislativas.
Pero además, queda la cuestión de los Presupuestos Generales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tan solo ha dado la orden a su cartera de iniciar el trámite y ha enviado el cuadro macroeconómico a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero dada la coyuntura actual, ninguna de las formaciones políticas con representación en el Congreso espera que vaya a haber cuentas para el 2026, lo que colocará al Ejecutivo en el tercer año de prórrogas de las últimas cuentas estatales, que datan del 2023.
Movilización electoral
Quedan aún 20 meses para que Pedro Sánchez termine de jugar sus cartas o convoque elecciones anticipadas, algo que Junts no exigirá porque considera que «ese botón solo lo tiene el presidente», pero que tanto PP como Vox y UPN demandan con asiduidad en las sesiones parlamentarias. Las formaciones a la izquierda del PSOE ven que el reloj de arena ya se ha dado la vuelta, y ayer comenzaron a urdir una candidatura unitaria. En principio para el 2027, pero que previsiblemente se plantearía en un escenario electoral más urgente.
Concretamente, la propuesta corrió a cargo de Izquierda Unida. Su líder, Antonio Maíllo, presentó ayer un documento en el que expuso que las circunstancias geopolíticas internacionales y la coyuntura interna del país dan pujanza a la izquierda. «No hay tiempo que perder», indica en el texto, que se presentará hoy ante la Coordinadora Federal del partido para su aprobación.
Sin embargo, las divisiones entre Unidas Podemos y Sumar siguen a flor de piel. En la formación de Yolanda Díaz, que da el visto bueno al plan de Maíllo, consideran que aún «hay tiempo» hasta el 2027 y descartan que Sánchez vaya a ceder al adelanto electoral. Pero igualmente, Unidas Podemos considera que Sumar está muy alejado de lo que consideran como «izquierda transformadora» por su connivencia con el PSOE, y emplazaron a IU a aglutinar a fuerzas más progresistas e invitaron a escoger entre los de Ione Belarra o los de Yolanda Díaz.
Podemos quiere una lista unificada después de las elecciones de Extremadura y, de momento, no renuncian a la candidatura de Irene Montero a las generales.
Puigdemont intenta rentabilizar su órdago
Cristian Reino
Barcelona / Colpisa
Después de romper con Pedro Sánchez, operación realizada en dos actos, primero el anuncio en Perpiñán y luego la materialización del bloqueo de todas las leyes en el Congreso, Junts ha pasado ya a la siguiente fase, la de tratar de capitalizar el divorcio y sacarle rendimiento electoral.
El auge de Aliança Catalana, formación independentista e islamófoba que presenta a Junts como un partido autonomista entregado a Sánchez, ha disparado las alarmas en la dirección posconvergente, que ha buscado un golpe de efecto, que sirva de reacción de cara a las próximas citas electorales.
Los de Puigdemont salieron este sábado a la calle de manera masiva. Movilizaron a un millar de voluntarios para montar más de cien actos y paradas simultáneas por toda Cataluña. Un «supersábado», lo llamaron, para demostrar su capacidad de llegar a todo el territorio, en un mensaje dirigido a Aliança Catalana, que ni tiene infraestructura para estar presente en todos los pueblos y ciudades de Cataluña ni masa crítica de militantes.
Junts se la jugará al todo o nada en las municipales, porque renunció al último reducto de poder que le quedaba. En el 2022, rompió con ERC para salir del Govern catalán. En el 2024, Illa fue investido presidente de la Generalitat. Los siete escaños del Congreso eran la principal palanca de presión de Puigdemont para tener influencia en el tablero de la política nacional.
Los junteros han soltado amarras, pero sin llegar a romper la baraja del todo —no contemplan de momento apoyar una moción de censura junto al PP y Vox, que apenas hace unos meses se manifestaban al grito de «Puigdemont a prisión»—. El bloqueo de la legislatura les permitirá afrontar las próximas citas con las urnas sin la mochila de ser socios de Sánchez —ni de Feijoo—, lo que en estos momentos ya han comprobado que les resta.
Junts pierde poder e influencia pero se rearma para dar la batalla en el terreno donde cree que están las preocupaciones de la gente y donde la extrema derecha de Aliança Catalana agita el populismo: seguridad, vivienda, inmigración, ocupación o multirreincidencia.
A pesar de que la decisión de romper con Sánchez contó con un amplio apoyo de la militancia (87%), empiezan a salir voces críticas con la dirección, como el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, que este sábado se mostró partidario de negociar los Presupuestos.