La sedición pasará a llamarse «desórdenes públicos agravados» y rebaja de 15 a un máximo de 5 años de cárcel la pena del delito

La Voz AGENCIAS

ESPAÑA

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Javier Lizón | EFE

Los partidos independentistas consideran que se ha dado un paso hacia el «fin de la represión» mientras Urkullu pide que se abra la puerta a reformar el 155

12 nov 2022 . Actualizado a las 08:51 h.

El Gobierno ha propuesto rebajar el actual delito de sedición, penado actualmente para autoridades con 10 a 15 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, hasta penas de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación, según recoge la proposicion de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.

El texto señala que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».

Y añade que «los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años.

Además, la proposición de ley hace que desaparezca el nombre «delito de sedición» y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados», con un máximo de ocho años de inhabilitación. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado en rueda de prensa que la reforma persigue modificar el concepto de un delito de sedición que tenía 200 años y que la mayoría de países europeos han ido adaptando a la sociedad actual.

Celebración independentista

La práctica totalidad de partidos nacionalistas e independentistas se ha sumando a la celebración por la reforma de la sedición. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este viernes que la «derogación» del delito permite avanzar hacia el «fin de la represión» sobre el movimiento independentista y supone un «paso adelante en el camino de la resolución del conflicto político» entre Cataluña y el Estado.

El presidente catalán ha celebrado el «acuerdo» alcanzado con el Gobierno para «eliminar el principal delito por el que fueron condenados» a prisión nueve líderes independentistas por el referéndum unilateral del 1 de octubre del 2017. Este «acuerdo», ha destacado, permite «profundizar en el proceso de desjudicialización» ya que supone una «mejora para el conjunto de las personas represaliadas».

«Con la derogación de la sedición es más difícil perseguir injusta y arbitrariamente al movimiento independentista», ha celebrado, si bien ha reconocido que aún «queda camino por recorrer» hasta la «completa desjudicialización del conflicto», sin renunciar a la amnistía. Aragonès ha explicado que sigue habiendo «cuestiones abiertas que se podrán plantear en el trámite parlamentario» de la reforma del Código Penal, en alusión, por ejemplo, a la malversación, pedida también por el representante de Unidas Podemos Jaume Asens.

«Hay que trabajar más», ha señalado el presidente, que ha hecho hincapié en que de momento lo más relevante es que «el delito de sedición queda borrado, desaparece del Código Penal», y es sustituido por «desórdenes públicos agravados», un concepto que «ya existe» ahora, si bien «la pena máxima pasa de seis a cinco años». Ha asegurado que «los hechos de octubre del 2017 no son delito», aunque el Tribunal Supremo «aplicó de forma injusta y arbitraria el Código Penal» para imputar el delito de sedición, y «no desórdenes públicos». 

Reforma del 155

Por su parte, el lendakari, Iñigo Urkullu, ha valorado la propuesta del PSOE y Unidas Podemos y ha considerado que también se debería plantear una reforma del artículo 155 de la Constitución que faculta al Ejecutivo central a suspender a un gobierno autonómico. 

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Urkullu ha destacado que esa propuesta «es más positiva todavía» si así lo consideran también los partidos catalanes. Ha añadido que esta iniciativa refuerza las vías políticas frente a las judiciales para abordar cualquier cuestión política y ahonda en el planteamiento de su Ejecutivo de que los debates políticos siempre deben sustanciarse mediante el «diálogo» y la «negociación», con un «propósito de acuerdo».

«Esta propuesta también viene a poner en cuestión, y es lo que se debería plantear también, una reforma del artículo 155 de la Constitución española y una reflexión sobre el modelo de Estado», ha concluido.

Buenas noticias en Podemos, malas en la CUP

Mientras que la ley ha sentado en el bloque de las derechas como una traición, las izquierdas y nacionalistas consideran un buen paso por parte del Gobierno que se presente la reforma. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha aplaudido que su socio socialista se haya avenido a derogar el delito de sedición, que reclamaban desde hace tres años, porque se trata de un delito «predemocrático» y con su eliminación «se gana en calidad democrática y prestigio internacional».

El dirigente de los comunes ha asegurado que hay mayoría suficiente para borrar del Código Penal este delito «arcaico», una iniciativa que ha desvinculado de la negociación de los Presupuestos del 2023, y ha aventurado que antes de final de año podría estar lista. «No quiero pecar de optimismo pero no se puede descartar esa opción», ha dicho. Ha insistido en que era un paso inevitable para abordar en Cataluña el conflicto abierto desde que «la derecha política y judicial» se posicionaron en contra del Estatut, subrayando que no se trata de «una traición ni una humillación a España como dice la derecha, esto es democracia y equipararnos con Europa».

En el mismo tono se expresó la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, que ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que la «derogación del delito de sedición nos homologa con el resto de países europeos y nos permite avanzar en el camino del diálogo, el acuerdo y la desjudicialización».

No obstante, el diputado de la CUP Carles Riera ha rechazado la reforma y ha criticado a ERC por «vender como victorias políticas los juegos malabares» de Pedro Sánchez. Según ha indicado Riera en unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4, la CUP va a rechazar la derogación del delito de sedición y la creación de un nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

Este mismo diputado de la CUP, que es también el secretario tercero de la Mesa del Parlament, ha advertido que el PSOE «es un trilero, y ERC se ha especializado en vender como victorias políticas los juegos malabares de Pedro Sánchez». Considera, en este sentido, que el camino del PSOE y de ERC pasa «por buscar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado y por la estabilidad institucional».

En este contexto, Carles Riera ha opinado que «o bien ERC es muy ingenua o bien es algo peor y colabora conscientemente con esta política», que «pone dificultades al camino de la independencia». Se ha preguntado qué beneficios pueden obtener de este cambio en el Código Penal los «expresos y los exiliados» independentistas catalanes, y ha insistido que «estamos ante un nuevo juego malabar del PSOE para contentar a ERC con migajas y que pueda aprobar los Presupuestos del Estado». 

El futuro de Puigdemont

Respecto al futuro de los fugados de la Justicia por el 1-O, Asens ha deslizado que la derogación del delito de sedición abre la posibilidad de beneficiar al expresidente catalán Carles Puigdemont y los demás huidos, pues considera que sin esa figura penal nadie podría ser «acusado y juzgado» por los hechos acaecidos en el proceso independentisa del 2017, al contrario de lo que piensa el Gobierno, que asegura que el exdirigente de Junts debe sentarse ante la justicia

Asens ha desgranado que el delito de sedición, que fue el aplicado por el Tribunal Supremo al condenar a los líderes del procés, va a desaparecer de la legislación para ser sustituido por otro de desórdenes públicos agravados. «Habrá tiempo para estudiar los posibles efectos (de esta reforma) en diversas personas concretas. Pero hay una obviedad y es que si se aprueba la ley, nadie podrá ser acusado y juzgado por el delito de sedición. Por lo cual saquen ustedes mismos las conclusiones».

Sin embargo, el expresidente y cabecilla del procés ha lamentado que con la reforma del delito «no se desjudicializaría nada» porque contempla igualmente penas de cárcel. «Si te condenan a prisión por organizar y convocar un referéndum de independencia, qué más da si son 15 años de cárcel o son cinco: están criminalizando un derecho», ha argumentado en un apunte de Twitter.

Asimismo, ha opinado que las penas de prisión más bajas constituyen una «ganancia individual», pero no implican una mejora en el terreno político. Además, Puigdemont ha acusado a Sánchez de ser «un maestro en el arte del engaño», por lo que ha abogado por leer muy bien la letra pequeña de la reforma: «Los 'anuncios de Sánchez' nunca son lo que parecen», ha avisado. «Si el octubre del 2017 deja de ser un caso de sedición y pasa a ser un caso de desórdenes públicos agravados, no sé dónde está la ganancia política de todo», ha zanjado.

Los doce líderes independentistas condenados por el  procés

Al derogar la sedición, la malversación pasa a ser el delito más grave y el que determina la inhabilitación de los líderes del «procés»

Redacción

 

La reforma del delito de sedición en el Código Penal —en el que también se modifican los de ocultación de cadáver y contrabando de material de defensa y se trasponen directivas europeas— siembra incógnitas, desde los plazos de prescripción, que podrían beneficiar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, hasta las rebajas en las penas de inhabilitación. Convertir la sedición en desórdenes públicos agravados, castigados con un máximo de cinco años de prisión, abre dos escenarios: la revisión a la baja de las condenas a los indultados y la situación de los huidos. 

Seguir leyendo