El Poder Judicial maniobra para que la UE frene la reforma diseñada por el Gobierno
ESPAÑA
Mantiene el pulso y asigna cargos en la Audiencia Nacional y otros tribunales
18 dic 2020 . Actualizado a las 12:03 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) movió este jueves ficha para impedir que el Gobierno de coalición apruebe la reforma que afecta al «núcleo esencial» de sus competencias constitucionales en materia de nombramiento de altos cargos estando en funciones. En un extenso Pleno, el órgano de gobierno de los jueces sacó adelante por una holgada mayoría de 16 votos contra cinco un acuerdo en el que insta al Congreso a solicitar informes consultivos sobre la propuesta, al tratarse de una modificación de una ley orgánica.
Pese a que es una iniciativa parlamentaria de PSOE y Unidas Podemos y no del Gobierno, por lo que no requiere una intervención expresa de los órganos supervisores como en otras propuestas normativas, el Consejo está dispuesto a jugar sus cartas para impedir que la reforma salga adelante, por vía de urgencia, sin contar con los integrantes del Poder Judicial o de las instituciones europeas que vigilan los sistemas judiciales.
En primer lugar, el acuerdo de este jueves reclama al Congreso, en referencia implícita a su presidenta Meritxell Batet, que promueva la posibilidad de que el CGPJ se pronuncie sobre esta iniciativa legislativa; y, en segundo término, pide a la Cámara Baja que reclame un informe a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia, perteneciente al Consejo de Europa), en relación al régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, como ocurre ahora. Esta solicitud busca la intervención directa de los organismos europeos, como ya hiciera con la reforma sobre el cambio de mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo. Entonces, el Consejo de Europa dio un toque de atención al Ejecutivo por la posible vulneración de la independencia judicial y el presidente Pedro Sánchez decidió meter en un cajón la propuesta para desbloquear con el PP la renovación del CGPJ, cuyo mandato acaba de cumplir dos años en funciones.
Aunque la presidencia o la Mesa del Congreso no están obligados a tramitar esta petición, quedaría mal que orille sin más la solicitud. El acuerdo del Consejo, además, se carga de razones para implicar al Consejo de Europa en la reforma. Afirma que la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de interpretación conforme con el Derecho de la UE demandan que «toda iniciativa legislativa que delimite aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial debe tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados». Y esto incluye al CGPJ, a la Comisión de Venecia y a las asociaciones judiciales y fiscales españolas, sobre todo. Del mismo modo, dentro de su plan para involucrar a los organismos europeos, el Consejo decidió mandar este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia, para que conozca las iniciativas legislativas del Gobierno español y vigilen su tramitación.
Dimisión en bloque
Los cinco vocales que votaron en contra de este texto, todos de procedencia progresista, anunciaron la formulación de un voto particular tras respaldar una enmienda del consejero Álvaro Cuesta. El exdiputado del PSOE proponía anunciar al Congreso y al Senado la renuncia irrevocable el 1 de enero de todos los vocales para obligar a la renovación del órgano por fuerza mayor. La iniciativa de máximos fue rechazada por los otros 16 integrantes del Pleno, entre ellos el presidente Carlos Lesmes, 11 vocales conservadores y cuatro progresistas como Cuesta.
El acuerdo del Consejo llegó después de una sesión en la que se nombraron con amplias mayorías (17 votos de 20) a los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Asturias y de la Audiencia de Cáceres.
