La Abogacía confirma la filtración y pide que Junqueras ejerza de eurodiputado

La decisión final será del Supremo, pero el escrito allana el apoyo de ERC a Sánchez

Imagen de una de las sesiones del juicio del 1-O. A la izquierda, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, junto a la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ha firmado el informe de esta institución
Imagen de una de las sesiones del juicio del 1-O. A la izquierda, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, junto a la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ha firmado el informe de esta institución

Madrid / la voz

Se hizo esperar, pero el escrito de la Abogacía del Estado al Supremo confirmó este lunes que efectivamente era el último peldaño (además de la envolvente que, primero con el PNV y luego con Podemos, escenificó ayer el PSOE para elevar la presión) para que ERC allanara la investidura a Sánchez. Y es que la víspera a hacerse público el informe, fuentes de la formación independentista aseguraban que compartían sus «líneas generales» -una sospecha de filtración desde el Gobierno que el PP pretende llevar a los tribunales- y que en la mañana de ayer se confirmó, pues la Abogacía defiende que el líder de ERC, Oriol Junqueras, tome posesión de su acta de eurodiputado y ejerza como tal, mientras que la Eurocámara no le suspenda la inmunidad, algo que pide al Supremo que solicite «a la mayor brevedad». 

¿Qué plantea?

En un documento de 16 páginas, fechado ayer y firmado por Rosa María Seoane, que dirigió la acusación en el juicio, los servicios jurídicos del Estado se reafirman en su postura de junio sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras, después de que la Justicia europea se la reconociera desde el 13 de junio, tras las elecciones al Europarlamento, estando en prisión provisional y a la espera de sentencia por la intentona secesionista.

Aunque la Abogacía defiende que Junqueras tome posesión de su acta (ante la Junta Electoral Central y ante la Eurocámara) y ejerza como parlamentario europeo -con las medidas «adecuadas» para evitar su fuga- mientras no se le revoque la inmunidad, también sostiene, en un difícil encaje legal y contra de la pretensión de ERC, la «plena validez» de la sentencia que le condenó a 13 años de cárcel: «En modo alguno procede su anulación». 

¿Cuáles son sus implicaciones?

Su relevancia es más política que jurídica. Conocer la postura de la Abogacía del Estado sobre la situación de su líder -y que cumpliera sus expectativas- fue la condición impuesta por ERC para aupar a Sánchez a la presidencia, gracias a su abstención. Pero la decisión final depende de la Sala de lo Penal del Supremo, la que condenó a Junqueras. El mismo día en el que se conoció el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el pasado día 19, la sala anunció que lo estudiarían en «profundidad» antes de posicionarse. Su decisión, tras analizar las alegaciones presentadas por las partes (Fiscalía, defensa y Vox, como acusación popular, además de la Abogacía del Estado), no se espera para antes de Reyes, según confirmaron fuentes del alto tribunal.

Cabe recordar que la postura de la Fiscalía es diametralmente opuesta a la de la Abogacía del Estado, mientras que la defensa de Junqueras reclama la nulidad del proceso. Fuentes jurídicas señalan, sin embargo, que el informe de la Abogacía da más munición a la defensa del líder independentista ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde pretende llevar el proceso. 

¿Una filtración con consecuencias penales?

Las alegaciones de los servicios jurídicos del Estado también desataron este lunes críticas de las formaciones políticas. La acusación unánime del ala conservadora del hemiciclo -PP, Ciudadanos y Vox- fue la de que el PSOE había puesto a la Abogacía del Estado a los pies del independentismo. «Es muy grave que sea moneda de cambio en una negociación entre un preso y un Gobierno en funciones», denunció el líder de los populares, Pablo Casado, que reclamó «saber» qué ha pasado, por lo que pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y de la abogada general del Estado, Consuelo Castro.

«Si hubiera habido alguna filtración interesada [en referencia a que ERC tuvo acceso previo al documento] no dudaríamos en acudir a la Justicia», recalcó Casado. Los expertos consideran que podría prosperar una querella por revelación de secretos.

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