El Poder Judicial ha nombrado 42 altos cargos desde que está en funciones

Dos asociaciones judiciales piden la suspensión cautelar de la convocatoria de plazas

Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo
Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo

Madrid / colpisa

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido ya un año en funciones a la espera de su renovación. Esta situación de interinidad seguirá vigente unos meses más mientras se forma Gobierno y, algo que parece más complicado, que los partidos mayoritarios, PSOE y PP, vuelven a negociar su nueva composición tras el fatal episodio de Ignacio Cosidó. El exsenador del PP puso en un brete la independencia del juez Manuel Marchena, elegido por socialistas y populares para presidir el CGPJ, después de hacerse público un polémico mensaje enviado a sus compañeros de bancada que hizo saltar por los aires el acuerdo.

Pero, lejos de paralizarse la actividad del órgano de gobierno de los jueces en estos doce meses, el presidente Carlos Lesmes y los 20 vocales que componen el pleno han seguido cumpliendo con el mandato, y han continuado con el nombramiento de cargos gubernativos. 

Designaciones

Se trata de la elección de presidentes de sala del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Justicia (TSJ), de audiencias provinciales o de magistrados del alto tribunal. Desde que el consejo está en funciones, el pleno ha efectuado 42 nombramientos en la cúpula judicial, según los datos del CGPJ. Se trata, en suma, de renovar cargos clave de la Administración de Justicia, que en unos casos ya habían concluido su mandato de cinco años y en otros, caso de los jueces del Supremo, a causa de su jubilación. La ley en este sentido es clara y prohíbe mantener a un magistrado en activo más allá de los 72 años. De este modo, de no haberlas convocado en este período de interinidad, el consejo hubiera dejado las distintas salas del alto tribunal «disminuidas y abocadas al colapso», afirman fuentes del Supremo. Dichas fuentes recuerdan que no se están quitando atribuciones al próximo consejo, al que también le tocará renovar los cargos dentro de cinco años.

El hecho más paradigmático es la renovación de la Sala Segunda (de lo Penal), la misma que juzgó el procés y a los parlamentarios aforados. Formada ahora por 14 jueces, el Consejo nombró a tres nuevos magistrados en septiembre del 2018 y en las próximas semanas tiene previsto cubrir otras tres vacantes por jubilación. Es decir, se va a renovar en solo 15 meses más de un tercio de la sala.

Un total de 28 magistrados se han postulado al puesto y desde esta semana se vienen celebrando las comparecencias públicas de cada uno de ellos en el CGPJ. La comisión permanente -el órgano ejecutivo del consejo y que está presidido por Carlos Lesmes- elegirá las ternas entre los candidatos y finalmente el pleno votará. Para cualquier nombramiento se exige una mayoría de tres quintos, es decir, 13 de los 21 votos en liza. Una circunstancia que obliga al consenso entre los dos sectores, ya que el considerado progresista (minoritario) tiene capacidad de bloqueo. 

Plaza desierta

El mejor ejemplo se presentó hace dos semanas la presidencia del Tribunal Superior de Canarias quedó desierta porque ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría requerida, mientras que los nombramientos de tres jueces del Supremo se acordaron por mayorías amplísimas, 14, 17 y 18 votos, respectivamente.

No obstante, los 42 nombramientos realizados en este año en funciones sí han logrado los votos necesarios, porque los 11 vocales considerados conservadores han votado en bloque con el apoyo de un sector de la minoría progresista a cambio de determinadas concesiones. En cambio, cuatro consejeros, las progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáenz, y el propuesto por el PNV. Enrique Lucas Murillom. han pedido acabar con la «vertiginosa carrera» de nominaciones en período de interinidad para evitar el «grave cuestionamiento» de la legitimidad del CGPJ. Precisamente, dos asociaciones judiciales, Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, recurrieron ante el Supremo la convocatoria de plazas judiciales y pidieron su suspensión cautelar. Pero la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) rechazó esta última pretensión antes de resolver el fondo porque el «normal desarrollo de la administración judicial requiere la pronta cobertura de las vacantes» y «mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad».

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