Feijoo dice que la sentencia «podrá parecer mucho a unos y a otros menos, pero cualquier demócrata debe acatarla»

J. Capeáns, M. García SANTIAGO

ESPAÑA

XUNTA

El BNG la califica de «infame» y la oposición en Galicia pide que se reactive una solución política y dialogada

14 oct 2019 . Actualizado a las 14:23 h.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, valoró esta mañana la sentencia del Tribunal Supremo indicando que «a unos les parecerá mucho, a otros menos, pero es una sentencia del Supremo y eso significa que cualquier demócrata debe acatarla». Además, añadió que «los primeros que deben acatar la sentencia son los condenados, somos los políticos; porque por primera vez en nuestro país desde hacía mucho tiempo se condena a políticos. Todos los condenados, prácticamente, ejercían un cargo de representación, eran miembros del gobierno de la Generalitat y hay otros que estaban en organizaciones financiadas por la Generalitat que hicieron actos políticos. La primera reflexión es que los políticos no pueden quedar impunes a la ley y que los presidentes, vicepresidentes de las comunidades autónomas, consejeros y presidentes de los parlamentos autonómicos, si delinquen, son condenados». Para Feijoo, el fallo del Supremo es un «aviso muy claro que aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, que las comunidades autónomas tienen que ajustarse al Estado de Derecho». Por lo tanto, afirmó «si un político la hace, la paga; un político no tiene más derechos que cualquier otro ciudadano».

Por otra parte, el presidente de la Xunta instó a dar «un ejemplo de normalidad democrática». En ese sentido, preguntado por si se pueden reproducir los disturbios en Cataluña, afirmó que lo que hay que hacer es «mandar un mensaje de tranquilidad, sosiego y normalidad. Aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo y, además, por unanimidad. No es posible un escenario de mayor normalidad democrática y de mayor amparo al poder judicial que los magistrados con mayor experiencia y formación de nuestro país, deliberando durante varias semanas y escuchando a los encausados, dictan una sentencia por unanimidad. También unánimemente nos debemos felicitar y exigir que se cumpla». 

Por otra parte, aseguró que el denominado problema catalán es que «hay algunos partidos que no asumen la legislación catalana». En ese sentido apuntó que algunos políticos catalanes «han infringido todos los códigos de convivencia». 

Entre las fuerzas de la oposición en Galicia, la más crítica con la sentencia fue el BNG, que la calificó de «infame». Para Ana Pontón, los ahora condenados no tuvieron un juicio «xusto e imparcial» y cree que todo estaba escrito antes de empezar el proceso. La fuerza nacionalista cree que se está produciendo una «profunda involución democrática», y además valoró que las filtraciones sobre la sentencia durante los últimos días «deixan en mal lugar á Xustiza». Confirmó la presencia del BNG en una concentración que se va a celebrar esta noche en Santiago.

En Marea lamentó que se haya «criminalizado» a personas que «queren saber o que opina a cidadanía», en referencia al referendo de autodeterminación. Para el diputado Pancho Casal, las medidas judiciales no van a solucionar el problema en Cataluña y reclamó una solución «política». Luca Chao, del Grupo Común da Esquerda calificó la situación como «un día triste para a democracia e a política», y calificó la sentencia de «durísima», sin que vaya a aportar soluciones. También reclama una «solución negociada» y afirmó que los diputados de su formación tendrán libertad para asistir o no a las movilizaciones que se están convocando. El socialista Gonzalo Caballero habló de «respecto» a la sentencia y abogó por mantener vías de diálogo, pero siempre detro del marco constitucional. «Os que saltaron as leis teñen que responder», dijo el líder socialista, que a preguntas de los periodistas evitó pronunciarse sobre si el indulto podría ser una opción. La diputada de Galicia en Común, Yolanda Díaz, afirmó que respeta la sentencia, pero pidió «diálogo para la reconciliación» porque cree que de nuevo es el «tiempo de la política, más que nunca», pero sin «girar hacia el 155 o posiciones unilaterales».