Las denuncias por ocupación ilegal de pisos crecieron casi un 30 % en cinco años
ESPAÑA
La lentitud e ineficacia de la vía judicial empuja a los dueños a negociar los desalojos
25 may 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El fenómeno sobre la ocupación ilegal de viviendas irrumpió en la campaña electoral de la mano de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso advirtió, en un mitin en Las Rozas, que cualquiera de los presentes podía encontrar su casa ocupada al volver de vacaciones. La usurpación de viviendas -tal es su catalogación penal- estalló en España como consecuencia de la crisis económica, que, como explican los expertos, creó una tormeta perfecta: miles de casas vacías y miles de personas deshauciadas, sin lugar en el que vivir. Así comenzó a extenderse el fenómeno de la patada en la puerta, cuyo alcance real, sin embargo, es difícil de acotar. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, entre el 2013 y el 2017 el número de denuncias presentadas por ocupación de inmuebles en España se incrementó casi un 30 % (algo más, hasta frisar el 35 %, en Galicia), sumando casi 50.000 en el período.
Otros estudios, como el Informe Cerdá o el de VPS (multinacional líder en instalación de sisremas antiocupación), disparan el número de viviendas ocupadas. El primero lo cifra en 87.500, de las que un 80 % son propiedad de entidades financieras y fondos de inversión inmobiliaria, mientras que el segundo lo eleva a las 100.000, argumentando que hay «un porcentaje de ocupaciones que se desconocen o que no se denuncian».
Pactar con los okupas
De hecho, desde VPS subrayan que la tendencia en los últimos años es a no denunciar y a buscar opciones alternativas, que van desde negociar con los okupas y pagarles para que desalojen hasta vender el inmueble a un precio menor con el okupa dentro. La lentitud y la escasa efectividad de la vía judicial para resolver el problema, incluso después de la reforma legal aprobada hace un año para facilitar los desalojos exprés, explican esta tendencia.
Según los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al 2018 con datos del año previo, los procedimientos por delito de usurpación han descendido un 64 % desde el 2015, año en el que batió el récord de diligencias incoadas (casos abiertos por denuncias, con 27.263) y calificadas (procedimientos que siguen adelante y no se archivan, 3.461). Pero el problema persiste.
