José Carlos Fuster: «El coste medio de una ocupación para el dueño puede alcanzar los 30.000 euros»

José Carlos Fuster, director comercial y de márketing de VPS, multinacional líder en instalación de sistemas antiocupación y pionera en el sector en España, sostiene que este fenómeno, que eclosionó con la crisis, ha venido para quedarse y explica por qué es tan complicado acotar el alcance de un problema que preocupa y mucho.

 -¿Cuántas viviendas ocupadas hay en España? Porque los datos difieren en función de cuáles se consulten...

-Sí. Esa es la gran pregunta. Nosotros hicimos nuestro estudio con la información oficial disponible, que no es mucha y que, además, diverge, y datos propios, de las intervenciones que hemos realizado. Calculamos que hay en torno a unas 100.000 viviendas ocupadas en España.

-Pero el volumen de denuncias es llamativamente inferior.

-Sí. Y la tendencia en los últimos años es a no denunciar. Tenemos clientes, grupos de empresas, pequeños fondos que invierten en inmobiliario, que lo que hacen es directamente negociar con los okupas.

-¿Por qué?

-Porque si denuncias el proceso es largo. Probablemente tengas el inmueble paralizado un año. No puedes alquilarlo, ni venderlo, ni hacer nada. Luego, cuando por fin lo desalojas tienes que reformarlo, porque suele estar destrozado. La vía por la que optan cada vez más propietarios es negociar: te doy un dinero y te vas. O hay quien se decanta por vender la vivienda ocupada, bajando el precio, y que sea el comprador quien lo saque. Hay grupos que hacen este tipo de compras.

-¿Qué coste medio puede tener una ocupación para el dueño?

-Estimamos una media de entre 27.000 y 30.000 euros, que incluye el coste de oportunidad de no poder alquilar ni vender, el destrozo que ocasionan, los gastos por el enganche a los suministros (agua, luz...) y los gastos legales y judiciales. Y eso es para un propietario individual. Si eres un promotor, suele producirse un efecto llamada y, a la vez que ocupan más pisos, la conflictividad expulsa a los vecinos.

-¿La última reforma legal ha agilizado los desalojos?

-Desde julio del 2018 se aplica la ley del «deshaucio exprés» para particulares y entidades públicas, pero en la práctica no está resultando demasiado efectiva para agilizar la liberación de viviendas. No ha tenido mucho efecto.

-¿Qué falla para que no se ataje el problema?

-Un factor importante es que no hay penas disuasorias para los okupas. No hay demasiado castigo. No van a la cárcel. Ocupas una vivienda y casi sales impune.

-El fenómeno de la patada en la puerta arrancó con la crisis, ¿ha cambiado el perfil del okupa?

-Sí. Comenzó con la crisis, con millones de viviendas vacías y cientos de miles de deshaucios y casas en manos de los bancos. A aquella primera ocupación, digamos que por necesidad, la ha relevado ahora otro tipo: la de las mafias que se dedican a identificar inmuebles vacíos y a rentabilizar su ocupación. ¡Incluso te hacen contrato!

-¿Qué viviendas y zonas son las más sensibles?

-Inicialmente trabajábamos más donde se acumulaba la vivienda vacía: Madrid, Barcelona y el arco mediterráneo. Pero el problema está ahora más extendido. En Galicia, por ejemplo, nos consta que los casos han aumentado.

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