A juicio la extinta empresa pública de armamento Defex

Piden 50 años para su expresidente por corrupción y cohecho


Madrid / la voz, AFP

Los responsables de la administración de la desaparecida empresa pública española de armamento Defex tendrán que responder ante la Justicia por las sospechas que pesan sobre ellos por haberse enriquecido mediante la creación de un entramado de corrupción y malversación en la gestión de sus contratos en Angola, Camerún y Arabia Saudí. El juez José de la Mata se dispone a juzgar a Defex y a varios de sus responsables y exintermediarios, acusados de corrupción, cohecho, blanqueo de capitales o un delito de organización y grupo criminal.

En lo que concierne a las operaciones en Arabia Saudí, el magistrado de la Audiencia Nacional propone juzgar a la empresa y a su exdirección por «presuntas irregularidades en 11 contratos, suscritos entre el 2005 y el 2014 por valor de más de 48 millones de euros». Sospecha que Defex pagó «comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales», y remuneró a «terceros identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí». También apunta hacia «un probable beneficio ilícito de los administradores de la empresa pública».

Por otro lado, en Camerún Defex se habría apoyado en los «favores» de un francés, Philippe Bourcier, sospechoso de recibir más de 14 millones de euros en comisiones «injustificadas» a través de sociedades pantalla, según un auto emitido el pasado mes de enero por la Audiencia Nacional. Bourcier, que se encuentra bajo orden de búsqueda y captura, es presentado por el alto tribunal como «la pieza maestra» de las operaciones de Defex en este país africano.

La sobrina de Paesa

Por último, en Angola, la figura central es Beatriz García Paesa, sobrina del célebre espía Francisco Paesa, conocido por su implicación en el caso del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán.

Según el tribunal, las operaciones ilegales de Defex respondían a un doble objetivo: obtener contratos previo pago de comisiones a gobernantes y funcionarios (además de regalos), y enriquecer considerablemente a los administradores de la empresa pública y a sus intermediarios incluyendo «brutales sobreprecios» o simulando la prestación de servicios falsos. En uno de sus autos, el juez destacó «el absoluto descontrol» en el seno de Defex, participado en un 51 % por un holding público y disuelto en el 2017, cuando comenzó a aflorar a la luz este escándalo.

Si «ha fallado el control estrepitosamente», significa que «hay connivencia del Estado, si no, no se entiende», comenta el experto en comercio armamentístico Pere Ortega. «Siempre hemos sabido y bien conocido que todas las exportaciones de armas llevan implícitas comisiones, pero este caso es realmente y especialmente grave porque se trata de una empresa creada por el Estado», añade Ortega.

La fiscalía ha pedido 50 años de prisión contra José Ignacio Encinas Charro, presidente de Defex entre los años 1991 y 2012.

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