La política del ibuprofeno no surte efecto en Cataluña

La vía del diálogo de Sánchez se estrella contra las exigencias inasumibles de los independentistas

Miembros del Gobierno catalán —a la derecha en la imagen, la consejera de Presidencia, Elsa Artadi— durante la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento autonómico.
Miembros del Gobierno catalán —a la derecha en la imagen, la consejera de Presidencia, Elsa Artadi— durante la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento autonómico.

madrid / colpisa

Pedro Sánchez tuvo claro desde el primer momento que su estrategia en Cataluña sería distinta a la de Mariano Rajoy. Primaría la política sobre los tribunales. Lo hacía por convicción, pero también por interés, dado que necesitaba el respaldo en el Congreso de los independentistas para gobernar. Pero su apuesta ha cosechado magros resultados. Los gestos del Gobierno socialista han desatado las iras de la oposición, mientras que en la Generalitat han suscitado más desdén que entusiasmo.

Josep Borrell se lamentaba en diciembre de que «la política del ibuprofeno» estuviera teniendo poco éxito. Dos meses después se ha podido constatar que el antiinflamatorio no ha surtido efecto en el mundo independentista. Descontado que la resolución del conflicto catalán llevará muchos años y será tarea para otra generación de políticos, el Gobierno de Sánchez se planteó enfrentarse al menos a los síntomas. Pero ni por esas.

El objetivo político era, además de normalizar la convivencia, atar a ERC y al PDECat para la aprobación de los Presupuestos, el motor que debe llevar la legislatura hasta el 2020. Pero las dos formaciones soberanistas presentarán, los republicanos ya lo han hecho, enmiendas a la totalidad al proyecto financiero. El alto coste político asumido por los socialistas corre por tanto el riesgo de irse por el sumidero. La estrategia del apaciguamiento de Sánchez no era bien vista por todos en el PSOE, ni siquiera entre los ministros, y los críticos vieron cumplidos sus temores en las elecciones de Andalucía. El discurso de los pactos secretos con los independentistas y las cesiones cuajó, y la tibieza siempre recibe un voto de castigo. Con el agravante de que lo que para la oposición era una sucesión de claudicaciones para el mundo soberanista apenas eran migajas.

 

Pasos políticos

Sin entrar a valorar el alcance de las medidas, es indudable que Sánchez ha dado pasos políticos en Cataluña impensables con Rajoy. Después de siete años de inexistencia, recuperó las reuniones bilaterales Estado-Generalitat: la próxima está prevista para el día 21. También retiró recursos ante el Constitucional contra leyes aprobadas por el Parlamento catalán, como la de asistencia sanitaria universal o la de emergencia habitacional. Amén de incrementar del 13 al 18 % la inversión estatal en Cataluña. Los guiños de complicidad también han menudeado con los líderes independentistas presos y con el juicio que empezará el martes. El Gobierno decidió casi nada más tomar posesión trasladar a prisiones catalanas a los nueve encarcelados de Madrid. La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, rebajó su acusación de rebelión a sedición, que conlleva una menor pena de prisión. También han proliferado los comentarios de miembros del Gobierno contrarios a la prisión preventiva de los encausados, y se ha cultivado la hipótesis del indulto. Nada de ello es relevante para los independentistas, que exigen la libertad de sus dirigentes y el cambio de criterio de la Fiscalía y que renuncie a la acusación de rebelión. 

El último gesto

El último gesto gubernamental ha sido la admisión de la figura de un relator para la mesa de diálogo entre partidos. «Alta traición» para la oposición, «incompresible» para muchos socialistas y un gesto inocuo para los soberanistas. En definitiva, todo lo que procede de Madrid es insuficiente para el mundo independentista. Borrell, si persiste este grado de intransigencia y la insistencia en poner «condiciones imposibles», se mostró partidario este martes en el Senado de «suspender la terapia del ibuprofeno». Pero su opinión no es compartida por todo el Consejo de Ministros. La vicepresidenta, Carmen Calvo, quizá la más señalada por el enquistamiento, insistió en su disposición a dialogar «hasta la extenuación».

El cansancio y la sensación de fracaso, sin embargo, se empiezan a extender en el Gobierno. Hay ministros que, en privado, sospechan que entre los independentistas se ha impuesto la tesis de que cuanto peor mejor, y no van a hacer nada para evitar la derrota de Sánchez y provocar el adelanto electoral.

La Generalitat también rechaza el relator de Sánchez

El independentismo da casi por hecho que no apoyará los Presupuestos

c. reino

El independentismo dio ayer casi por hecho que no retirará las enmiendas a la totalidad presentadas el martes por Esquerra y que el PDECat también piensa registrar. Los secesionistas rechazaron de plano la última oferta realizada por el Gobierno central para lograr el apoyo secesionista a las cuentas del Estado.

Tras conocer la oferta del Gobierno central, que acepta que un «relator» pueda dar fe de las conversaciones entre los partidos catalanes en una mesa de diálogo, el Ejecutivo catalán fijó sus líneas rojas muy alejadas de las propuestas del Ejecutivo. De entrada, discrepan en la figura del relator. Hablan de un «mediador», casi como los que intervienen en los procesos de paz. La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, señaló que priorizan un perfil internacional y que ya ha enviado una lista de nombres a la Moncloa. Calvo y Artadi hablaron ayer por videoconferencia. La parte catalana reconoce que lo de menos es el nombre, sea mediador o relator. Lo importante, a su juicio, es la función que ejerza, y que pasaría por ser testigo, dar fe y explicar los acuerdos de las reuniones. En el fondo, subyace el propósito de situar a una figura que dé categoría de conflicto a las conversaciones. Primero Puigdemont y ahora Torra suelen referirse a un mediador internacional que ayude a buscar soluciones al pleito catalán.

Discrepan también en el foro donde debe actuar esa persona neutral, que la Generalitat descartó que pudiera ser el lendakari Urkullu, quien ya medió en los días previos al 27-O. El Gobierno central cree que su ámbito de actuación debe ser una mesa de partidos catalanes distinta a la impulsada por Quim Torra a instancias del PSC y que ya ha celebrado dos reuniones. «Está fuera de lugar el mediador en una mesa que ya existe», desdeñó Artadi. El Gobierno no debe opinar sobre este espacio, añadió.

La propuesta del Gobierno catalán es crear un tercer ámbito de diálogo. Además de la comisión bilateral Estado-Generalitat, y la mesa de partidos catalanes, el independentismo quiere formalizar una mesa entre partidos estatales (Podemos y PSOE) y los secesionistas (ERC y PDECat). Y además, la Generalitat exige que se pueda debatir el «fin de la represión» y el «derecho de autodeterminación», lo que chocaría con la posición de los socialistas que fijan el límite en el Estatuto y la Constitución. Solo así, podría cambiar la decisión sobre los Presupuestos de los secesionistas. Artadi admitió que están «lejos» del acuerdo con el Gobierno para establecer un diálogo efectivo y pidió altura de miras al presidente Sánchez y que actúe como un hombre de Estado. «Entendemos que todo el mundo tiene presiones cuando se trata de dialogar», admitió Artadi.

El día en el que Pedro Sánchez defendió que el Congreso «es el perfecto mediador»

La Voz

En octubre del 2017, un día después de que Puigdemont amagase con declarar la independencia en el Parlament, el entonces líder de la oposición defendía que si el president buscaba alguna mediación, no hacía falta «mirar muy lejos, fuera de España»

El 11 de octubre del 2017 Pedro Sánchez aún era líder de la oposición. Un día antes Puigdemont había declarado la independencia en el Parlament para suspenderla justo después y abrir una supuesta fase de diálogo con el Gobierno español, con un llamamiento a la Unión Europea para que intercediese en el proceso. Una mediación sobre la que el líder de la oposición tenía un criterio que choca con la actual. 

Ese día, y justo después de que el Gobierno requiriese a Puigdemont una respuesta para saber si lo que había realizado en el Parlament era o no una declaración de independencia, el líder del PSOE escenificaba su firme respaldo a la aplicación del artículo 155. En una mediática rueda de prensa en Ferraz, Sánchez no dudaba en defender que si Puigdemont quería diálogo «el Congreso es el perfecto mediador». El socialista instaba al entonces presidente catalán a acudir a la Cámara Baja a explicar su proyecto para poder empezar «a resolver esta crisis que dura ya muchos años». «Que venga a la Comisión y al Congreso», insistía. Si el president buscaba alguna mediación, «no hace falta mirar muy lejos, fuera de España».

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